Creer en la capacidad regional

Los planes de desarrollo que cada cuatro años promulga el Gobierno Nacional dice que el desarrollo regional es fundamental para alcanzar mayores niveles de bienestar, mayor competitividad y mejoramiento en las condiciones de vida de los ciudadanos. Las discusiones de la estrategia en el Congreso de la República siempre tienen como marco expresiones como que “Colombia es un país de regiones” y que “las regiones deben manejar su propio desarrollo”.

Sin embargo, las evidencias son contundentes para mostrar que la intención de la descentralización en el país se ha quedado en el papel y que el texto de la Constitución Nacional, que coloca a los municipios como la entidad fundamental del Estado, aparece como un título más. No solo el Gobierno se inmiscuye en tipo de asuntos, incluso en los más simples de la vida de las ciudades y determina el comportamiento y proceder de las autoridades locales, a la manera que un profesor le dice a sus alumnos cómo hacer sus tareas. Lo anterior limita el trabajo de los entes territoriales que sienten el peso del centro como un factor que impide su trabajo.

La suficiencia con que se manejan los asuntos públicos se siente con mayor rigor en los recursos que reciben departamentos y municipios para sus distintos programas, pero que por la cantidad de trámites y requisitos resulta muy difícil ejecutarlos con eficiencia y celeridad requeridas para sacar adelante los proyectos que reclaman las comunidades. No de otra manera se explica la cantidad de recursos que no pueden invertir los gobiernos departamentales y municipales porque no cumplen con los requerimientos establecidos desde el Gobierno central. La cifra de 2014 ascendió a más de $15 billones, que en un parte significativa se debió a tales condiciones excesivas de trámite.

Sin duda a nivel regional hay problemas de corrupción y malos manejos, pero el celo centralista no garantiza muchas veces que esos fenómenos no se den, sino que por el contrario haya una mayor propensión a que ocurran pues los grupos de presión y los contratistas conocen perfectamente la tramitomanía pública para moverse y a la final terminan imponiéndose. Mientras en el mundo, la globalización abre cada vez las puertas a las regiones como centros de desarrollo que compiten y el Estado-Nación pierde importancia, en nuestro país ocurre lo contrario: desde el Gobierno Nacional se decide todo.

Es el Gobierno quien debe acompañar a las autoridades locales en la solución de los problemas y no al contrario y brindarles apoyo financiero cuando se necesite, pero sin acabar con la autonomía y la credibilidad que tienen las autoridades locales frente a su comunidad. Y esto tiene que ver con la capacidad regional para invertir los dineros públicos.