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La constitución del 91 fue más municipalista que departamentalista, un defecto que se debe corregir caminando hacia autonomías que compitan y haya mayor descentralización
Colombia tiene 1.105 municipios distribuidos en 32 departamentos, muy mal organizados en medio de centenares de problemas administrativos, fiscales, limítrofes y de libre mercado. Por lo menos cinco o seis departamentos nacieron como capricho de unos gobernantes del siglo XX, otros como republiquetas feudales del XIX.
La Colombia del futuro, del siglo XXI, debe rediseñar su mapa político de cara a los mercados internacionales, la competitividad global, los distritos tecnológicos, culturales, étnicos, turísticos, sostenibles, agroindustriales, y por qué no, energéticos. Es más: un nuevo mapa obliga a los mandatarios regionales a solucionar ellos mismo sus problemas de orden público para poder desarrollarse.
El camino lo mostró la misma Constitución del 91 con el cuento de la descentralización administrativa, pero que se frustró por el apetito fiscal de los distintos ministros de Hacienda y los directores de Planeación Nacional que fueron miopes ante el desarrollo regional. Hay toda una casuística regional que muestra una nueva hoja de ruta de cómo debería ser la nueva organización política y administrativa; casos como los de Cartago y Pereira, Quilichao y Cali o Barrancabermeja y Yondó, muestran que los mapas del siglo XIX ya no funcionan; Colombia debe repensar en la próxima década el papel de los departamentos.
Los actuales alcaldes de las principales capitales empezaron a limpiar un camino “enmontado” por el centralismo bogotano, impulsando la llamada autonomía fiscal, que no es otra cosa que matar el centralismo de todos los gobiernos nacionales, a quienes les ha encantado que los pueblos y ciudades tributen, les devuelvan menos y que no sean autónomos en sus ingresos. Hay que dejar que las regiones decidan sobre lo que recaudan, que no estén amarradas al fisco nacional.
Solo andando sobre las autonomías regionales, con sus respectivos deberes y derechos por el país central, se solucionan casi todos los problemas económicos y de orden público. Hay que agrupar, organizar y darles ventajas administrativas a los municipios de otra manera; los departamentos deben agruparse y avanzar en nuevas formas de organización.
Es un pendiente que debe ser abordado por los centros de investigación, las universidades, y por supuesto, por los congresistas. Aunque son los representantes y los senadores los más interesados en que nada cambie; ni siquiera han actualizado el censo electoral que modificaría la representatividad local y regional. Nadie se pregunta qué hacen los llamados diputados, una corporación sin sentido que debería tener un juego en el Estado de mayor protagonismo.
Es totalmente inconveniente y en desuso la idea de crear otro departamento llamado Surcaribe; los congresistas que presentaron un acto legislativo que pretende modificar el artículo 309 de la Constitución, se equivocan, ese no es el camino; es trabajar las autonomías y desarrollo de los municipios de otra manera, con vocaciones, con hojas de ruta bien diseñadas. El abandono estatal no se soluciona creando más regiones como Chocó o Cauca.
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