Colombia, entre el Ciadi y el ingreso a la Ocde

Este año será definitivo para que se selle el ingreso de Colombia al llamado “club de las buenas prácticas”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, luego de casi un lustro de trabajo disciplinado para lograr estar al lado de las 35 economías más desarrolladas y poder medirse con estándares de los mejores del planeta en todas las esferas sociales como regulación, vigilancia, innovación, educación, pero sobre todo, en institucionalidad. Ha sido una camino lleno de obstáculos, pues los detractores de oficio del avance de la globalización no ven en el ingreso del país a este club un paso gigante, sino que atisban una captura del Estado por parte de las multinacionales y los poderes hegemónicos (un discurso obsoleto). Todas las posiciones y opiniones al respecto son entendibles y respetables, pero que Colombia se pueda medir con las fórmulas de desarrollo social, político y económico de los países más desarrollados es un avance enorme, especialmente si por pertenecer a la Ocde se logra un acompañamiento en la formulación de políticas públicas disruptivas en planes estructurales de progreso. Uno de los tres lastres del subdesarrollo es la extendida creencia de que los gobernantes no están calificados, se les tiene desconfianza o no se les cree, cosa que puede pasar en estos momentos en el país, de allí la importancia de que el ingreso a la Ocde sea una realidad este 2017. Pero hay un gran pero y tiene que ver con las demandas que tiene Colombia ante los tribunales de arbitramento internacionales del Banco Mundial, en este caso el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, instancia creada para arbitrar disputas entre gobiernos y multinacionales; la idea creacional del tribunal era contar con una herramienta que brinde seguridad jurídica a los inversionistas, especialmente en países con regímenes políticos populistas que expropian o no respetan capitales foráneos. El lío es que Colombia completó esta semana cuatro arbitrajes en esos despachos: el de Gas Natural; el de América Móvil (léase Claro); el de Glencore y el de Eco Oro por los problemas ambientales en Santurbán. La dicotomía Ocde versus Ciadi viene a colación porque los abogados españoles ya mencionan que Colombia no tiene fácil el ingreso al “club de las buenas prácticas” si insiste en expropiar a la todopoderosa Gas Natural Fenosa, un argumento típico de esta época de posverdad, pues no es una expropiación y no se puede chantajear al país con un aplazamiento a la Ocde. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene el oficio en este caso de defender los intereses nacionales, debe actuar con contundencia para que no le pase al país lo que ocurrió con las aguas territoriales de San Andrés y tengamos que pagarle del erario público los millones de dólares que piden los españoles por un mal servicio en el mercado eléctrico del Caribe, en donde no hicieron inversiones para mejorar este servicio público vital.