Borrar con el codo lo que se hace con la mano

Hace unas semanas se celebraba entre los analistas, comentadores y tecnócratas colombianos que el Ministerio de Hacienda lograra sacar una reforma tributaria en estos momentos de recuperación del crecimiento por más de $15,5 billones, máxime cuando en el primer intento la protesta social consiguió en mayo pasado que se retirara la primera propuesta fiscal, obligando a que renunciara todo el equipo económico del Gobierno Nacional, encabezado por el exministro, Alberto Carrasquilla, hoy codirector del Banco de la República.

También se celebró que por primera vez se iba a dar una discusión casi simultánea de una tributaria y del presupuesto general de la Nación para el próximo año, en una suerte de eventos que enfilan de dónde saldrán los recursos públicos y cómo se van a invertir. El presupuesto general de la Nación se ha tasado para la discusión en $350 billones y eso es lo que se discute en el Congreso, el monto más alto del que se tenga memoria en la historia del país; valga la pena recordar que el grueso de esas cuentas irá para pago de deuda externa, funcionamiento y los pocos restantes para inversión social.

Lo que sorprende en este momento es que el Ministerio de Hacienda haya metido un artículo que destina cerca de $4 billones para pagar pensiones de unos 20.000 colombianos a los que habilitará para pasarse de los fondos privados a Colpensiones. Es decir que esas pensiones, de esos colombianos habilitados para cambiarse de sistema, transgrediendo todas las normas, no los paguen los fondos privados sino el erario público.

Todo un contrasentido económico y político en este momento de poca plata, de exigencia de ahorros y que el tema socava el buen funcionamiento del sistema pensional en Colombia, que bien amerita un rediseño estructural por la gran carga prestacional del Estado, pero que no es el momento adecuado.

Pierden los colombianos que pagan impuestos porque se les apareció una obligación presupuestal para beneficiar pensionados, y pierden los fondos porque el dinero ahorrado por los afiliados deberá pasarse al Estado. Una jugadita muy rara en estos momentos que desdice mucho de la coherencia en el manejo del debilitado erario público.

La discusión presupuestal aún no termina y mucho se puede enderezar, antes de cometer errores y enviar mensajes errados. La próxima semana continúa la discusión en las comisiones económicas conjuntas del Congreso y muchas cosas pueden pasar. El traslado exprés de afiliados de fondos de pensiones privados a Colpensiones puede frenarse y esperar a que se radique un proyecto de ley que modernice el sistema pensional.

Ese artículo 104 del presupuesto que, durante la vigencia de 2022, habilita el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (Rais), gestionado por las AFP, al Régimen de Prima Media (RPM) desdice del buen manejo económico y es inoportuno en estos momentos, máxime cuando la reforma tributaria fue todo un éxito, pero durante esa discusión nunca se habló de este espinoso asunto.

La transición de ahorradores es inoportuna ad portas a un nuevo gobierno y porque es muy inusual que en la ley de presupuesto se toque el tema de las pensiones, es una suerte de mezcla innecesaria de temas muy críticos: ¿por qué el Ministerio de Hacienda aborda esta minireforma pensional en la discusión del presupuesto?.