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EDITORIAL

Al Soat no hay que matarlo, debe funcionar

sábado, 17 de septiembre de 2022

Gran reto tiene el Gobierno, a través de las entidades de vigilancia, para hacer que el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito funcione y no sea un dolor de cabeza

Editorial

Nadie sabe el valor que tiene el Soat hasta que tiene un accidente de tránsito. Solo en ese momento, cuando ocurre un siniestro vial, es que le da gracias a la existencia de una póliza de seguro que nació por orden legal en 1988 y que asegura a las personas que se movilizan en vehículos motorizados en todo el territorio nacional. Los legisladores pusieron a andar la Ley 33 de 1986 en una Colombia bastante rupestre en donde ni siquiera era obligatorio el uso del cinturón de seguridad de los carros, ni mucho menos el casco para andar en una motocicleta.

Era otra Colombia con pocas vías, cero normas en asuntos de carros y motos, muy similar al desgreño que hoy se vive con las bicicletas que abundan en as calles y crecen en medio del descontrol total, sin reglas, ni asistencia de un seguro obligatorio, sin casco, sin distintivos, sin placa, sin nada. Solo impera la ley del más bravo. El conocido, Soat, Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito es una necesidad latente que garantiza a las personas la posibilidad de una atención cuando son víctimas de un accidente de tránsito.

Todos los países de la Ocde lo tienen bajo distintas figuras, pero hay otros mercados emergentes como China e India en donde a los accidentes de motos y carros solo acuden las autoridades de tránsito, la sanidad pública y los bomberos cuando es grave, pero no hay un seguimiento sistemático a los siniestros. Es un gran logro que se está empañando por las obsoletas notas técnicas que condicionan su funcionamiento y porque las tarifas son reguladas por el Ministerio de Transporte, que dicho sea de paso es una de esas carteras gigantes en su burocracia e ineficiencia y que sus dependencias que bien valdría la pena rediseñarlas para modernizar sus roles y funciones de cara a la digitalización de la movilidad y los avances de la cuarta revolución industrial.

El Soat que deben tener todas las motos, carros y maquinaria agrícola (¿por qué no las bicicletas y patinetas eléctricas?), casi 20 millones de automotores, cubre gastos hospitalarios, solo si las víctimas son internadas en un hospital; gastos quirúrgicos cuando se requiera operación; gastos farmacéuticos si se necesita tratamiento medicinal, toda una cadena de servicios que viven de este necesario seguro. Pero esa misma cadena de “personas que viven de un accidente” ha hecho que la corrupción aflore y haya un mercado con competencias reales por los automotores, heridos y fatalidades involucrados en un choque. Lo peor no es la competencia descarnada ni la falta de empatía por las víctimas, es que los tenedores de automotores los falsifican o no los compran, exponiéndose a que en algún momento del día el “soathabiente” sea el protagonista de uno de los 63.836 accidentes que ocurren oficialmente al semestre o lo peor que sea uno de los casi 4.445 muertos asociados a un siniestro vial a julio.

El Gobierno Nacional no debe matar el Soat, ni hacer política con él, debe asegurar que funcione. Una de las fórmulas es rediseñar el modelo actual, asociarlo al uso del pase, licencia o carnet de conducción. No puede tener el mismo valor alguien que no se haya chocado a un conductor que reincida en sus descuidos a la hora de llevar una moto o un carro. Y lo otro, no menos importante, ya es hora de que el Gobierno exija que las motos vendidas sean más seguras, no es un mito que una buena parte del casi millón de motos que se venden cada año, están prohibidas en países de la Ocde, por malos frenos.

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