A la informalidad no le interesa medirse

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, es una de las grandes entidades públicas que hay que preservar y mantenerla asegurada contra los intereses burocráticos de los políticos de turno. Por el simple hecho de que al Dane hay que creerle cuando hace sus encuestas de la variación de precios o para medir la generación de empleo.

Es de esas oficinas que dependen directamente del Gobierno Nacional que debería ser independiente, con una junta técnica externa y con línea permanente con sus homólogos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde.

Luego de más de tres décadas comenzó a realizar el Censo Económico Nacional Urbano 2024, una operación estadística que busca actualizar la información económica y que debe estar lista a finales de este año. Hace mucho rato que el país económico no se mide, habiendo pasado varias crisis, bonanzas, aperturas, tratados de libre comercio, reformas tributarias y toda una suerte de incidencias económicas que han reconfeccionado el entramado industrial, manufacturero, empresarial y de emprendimiento de Colombia.

Nada más necesario que ese nuevo mapa que interprete más la Colombia de ad portas de la tercera década del siglo XXI. Este nuevo censo no debe caer en lo mismo de todos los estudios que hace el Dane, o correr la misma suerte del archivo irremediable y que solo son citados o referidos por los consuetudinarios investigadores económicos y algunos columnistas con rigor académico.

El Dane no ha logrado que el Congreso de la República use el último censo poblacional para todos los ejercicios políticos, que las cifras con que trabajan los mal llamados “padres de la Patria” sean obsoletos por puro mal interés manipulador, ni que las políticas públicas se diseñen con base en la verdadera Colombia social y productiva.

Se hizo un millonario censo agropecuario para fundamentar la pacificación nacional y entender cómo funciona el país rural y muchos de los 300 resguardos indígenas decidieron no dejarse contar para no perder privilegios asistenciales. Lo mismo le puede ocurrir al llamado Censo Económico Nacional Urbano en un país plagado por la informalidad a la que no le interesa que la cuenten para no formalizarse pagando los impuestos que debe pagar.

Dicho sea de paso: esa no es labor del Dane, sino de la Dian y las autoridades competentes, pero es oportuno plantear que este gran y necesario estudio estadístico puede correr la misma suerte y pasarle lo mismo del rural con los indígenas, que los empresarios informales no se dejen medir. Un país que no sabe medir lo que produce, ni quién y cómo lo producen, está condenado a no progresar, beneficiando a los corruptos que saquean las arcas públicas con cifras, mitos y tabúes del siglo pasado.

Si no sabemos cómo nos ganamos la vida los 51 millones de colombianos, no podremos tener un piso de medición ni mucho menos podremos tener metas megas para caminar hacia el desarrollo. El Dane no debe gastarse todo ese dinero que cuesta hacer este censo económico, si no va a garantizar que los datos obtenidos sean reales, especialmente de los informales a quienes hay que seducir desde la formalidad para dejarse medir, no solo para pagar los impuestos legales y justos de su actividad productiva, sino para ayudarlos desde la institucionalidad. Este censo hubiese sido más oportuno antes de plantear las sendas reformas a la salud y pensional.