Desafíos de los sistemas pensionales en América Latina

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) han sido, sin lugar a dudas, exitosas: i) logran excelentes retornos históricos, bordeando tasas de 6%-8% real por año, cuando el promedio de una inversión de portafolio normalmente rinde 3%-5% real anual; y ii) lo han hecho a través de una diversificación y optimización de portafolios. 

A pesar de ello y tras 20 años de prueba exitosa del modelo de AFPs, en los últimos dos años se han conocido tres tipos de quejas que en nada desdicen el récord histórico antes referido. Las quejas sobre el desempeño de las AFPs han tenido que ver con: i) una baja proporción de la población accediendo a pensiones vitalicias (prácticamente solo 1 de cada 3 colombianos); ii) supuestos cobros “elevados” en materia de comisión de administración (hoy equivalente a 1,3% de la contribución) y de seguro previsional (1,7% de la contribución), aunque tienen un tope de 3%; y iii) supuestas bajas tasas de reemplazo (TR=pensión/contribución), bordeando 45%-65% en función del retorno real del portafolio, de la densidad de cotizaciones y del tiempo esperado de disfrute.

Esos reclamos no son para nada atribuibles ni a problemas regulatorios ni a mala administración de las AFPs, sino con: i) la elevada informalidad laboral (… si usted no ahorra, pues difícilmente construirá una pensión vitalicia satisfactoria frente a los ingresos de TODA su vida laboral); ii) no es cierto que los cobros de comisiones sean elevados, pues se puede demostrar que bordean 0,5% de los ahorros acumulados a 20 años (por debajo de la práctica internacional) y los de seguros están en línea con la práctica internacional; y iii) una falsa e ilusoria comparativa con los abultados subsidios que en el pasado daba (en la mayoría de los países desarrollados) el Régimen de Prima Media (RPM) público, por lo cual ha sido urgente reformarlos paramétricamente a través de elevar la edad de pensión (hoy 65-67 años) y reduciendo las tasas de reemplazo hacia rangos más realistas (ver Informe Semanal No. 1225 de julio de 2014). De hecho, esta falsa comparación entre el antiguo RPM de Chile con sus actuales AFPs es lo que ha dado pie a protestas populistas en 2016-2017. Veamos en detalle lo que ha estado ocurriendo en la experiencia de AFPs en países vecinos.

Chile: Recientemente, se han presentado protestas por el “supuesto fracaso” de tal sistema privado. Sin embargo, dicho sistema ha sido exitoso para quienes ahorraron de forma disciplinada durante 25-30 años, pues sus retornos históricos han bordeado 6% real por año (neto de comisiones).

 Perú: En 2016 se aprobó la Ley 30425, introduciendo modificaciones al sistema privado de pensiones. Allí se aprobó: i) la posibilidad de retirar hasta 95,5% de los aportes tan pronto se cumpla la edad de pensión (65 años), desconociendo la importancia del aseguramiento pensional a través de las rentas vitalicias; y ii) la opción de usar 25% del fondo para comprar una primera vivienda en cualquier momento de la afiliación. Nótese que este último esquema podría ayudar a complementar las pensiones vitalicias, pero solo bajo sistemas de “hipotecas reversibles”, como el que ha venido proponiendo Anif (ver Comentario Económico del Día 25 de abril de 2017).

México: Allá se marchitó el sistema público de pensiones a partir de 1997, donde todos los nuevos afiliados se vincularon a AFPs. Sin embargo, se cometió el error de permitir que aquellos prontos a pensionarse puedan arbitrar a su favor los beneficios que ofrece el RPM, minando las expectativas de reducción del déficit fiscal pensional. 

Colombia: En 1995 se adoptó un esquema pensional dual (conviviendo las AFPs con Colpensiones), donde se ha mantenido abierto el sistema público con elevados subsidios en todo el espectro pensional (pero particularmente en las pensiones altas, generándose una marcada regresividad social a lo Hood-Robin).

Al cierre de 2016, cerca de 70% estaba vinculado a las AFPs y el restante al RPM de Colpensiones, de unos 10 millones de cotizantes activos en Colombia (cerca de 40% de la PEA). La paradoja es que mientras el sistema público ha drenado todos los ahorros pensionales del gobierno central (quedando solo 5% del PIB en cabeza territorial), las AFPs muestran ahorros pensionales por cerca de 20% del PIB (ver gráfico). Sin embargo, nótese que, tras  20 años de las AFPs, Chile mostraba ahorros por 56% del PIB, señalando el problema de desahorro público que genera el RPM.

Tanto las multilaterales (incluyendo BID y Oecd) como los centros de investigación (Anif y Fedesarrollo) hemos venido repicando sobre la urgencia de realizar una reforma pensional de tipo estructural. Ojalá la Comisión de Gasto Público dé claras directrices sobre la urgencia y profundidad que Colombia requiere en materia de esta reforma. De no escucharla, el próximo gobierno (2018-2022) enfrentaría los vientos populistas que han reversado los logros de las AFPs, tal como ocurrió en Argentina en 2008, donde volvieron “dineros de bolsillo público” el ahorro privado.