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Uno de sus pilares tiene que ver con las “mejoras normativas” y la coordinación del Estado para facilitarle la vida a los ciudadanos y abaratar los costos operativos del sector privado. En este frente, cabe aplaudir las tareas que ha venido realizando el Departamento Nacional de Planeación (DNP), siguiendo el mandato del Conpes 3816 de 2014. En particular, se trata de institucionalizar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) como condición previa para pensar en implementar cualquier cambio en las normas o regulaciones. Para ello, el DNP ha adoptado la siguiente estrategia: i) identificar la institucionalidad requerida; ii) fortalecimiento de las entidades de gestión; iii) análisis del impacto normativo con lineamientos-guías; y iv) racionalización del inventario normativo.
En opinión de Anif, lo anterior implica que el DNP deberá focalizar aún de mejor manera sus tareas territoriales y de “coordinador del Estado” (mas no de ordenador de políticas, las cuales deben estar a cargo de los respectivos ministerios). Atrás deben quedar los años en que el DNP (1970s a 1990s) fungía de árbitro final de líos inter-ministeriales y fiscalizador económico, lo que denominamos “la era de los ministerios cenicientas” (especialmente en educación, salud, y transporte), ver Comentario Económico del Día 28 de febrero de 2012. Dicho de otra manera, el papel del DNP hacia el futuro debería concentrarse en: i) su gestión-planeación de las entidades territoriales (descentralización); ii) lucha contra la pobreza; y iii) este nuevo papel de “coordinador de la regulación Estatal”.
Esta última tarea es descomunal. Por ejemplo, durante 2000-2016, en Colombia se emitieron regulaciones a granel: 17.168 decretos, 68.698 resoluciones, 2.376 circulares, 2.057 acuerdos, para un total de 94.748 nuevas reglas, a razón de unas 5.500 por año (ver gráfico adjunto). Esa normatividad se concentró en resoluciones (73%), donde una importante proporción han sido, según el análisis del propio DNP, de carácter no “sustancial” (incluyendo asignaciones salariales, condecoraciones, encargos o vacaciones). No resulta entonces nada sorprendente que, en el índice de Competitividad Global (2016), Colombia se ubique en la posición 124 entre 138 países evaluados en el pilar regulatorio.
Como es bien sabido, la pesada burocracia genera sobrecostos operativos que le restan competitividad internacional al país y ello ayuda a explicar la pérdida de potencial en crecimiento económico y el estancamiento en la productividad multifactorial (ver Informe Semanal No. 1357 de abril de 2017). Por ejemplo, la Ocde calcula que dichos sobrecosto operativos en sus países miembros equivalen a 3,8% del PIB; donde en Grecia y Hungría llegan a 6,8%, pero en Finlandia o el Reino Unido llegan a 1,5%, el cual debería ser nuestro objetivo. Se calcula que reducir dichos sobrecostos regulatorios en un 25% elevaría el crecimiento económico en cerca de 1,4 puntos porcentuales (pps) en los países miembros de la Ocde, cifra que suena un poco exagerada, pero sin lugar a dudas debemos movernos en esa dirección.
Ahora bien, este problema del pesado Estado es global. En los Estados Unidos, por ejemplo, Trump llegó bajo la bandera de la acelerada desregulación, incluyendo en sectores donde probablemente ello luce poco recomendable, como en los temas ambientales (dado el calentamiento global, que NO es una farsa) o del sector financiero (tras la crisis financiera 2007-2013). Se dice que allí los sobrecostos regulatorios han frenado el crecimiento hasta en 0,8 pps por año (ver The Economist, “Grudges and Kludges” marzo 4 de 2017).
Para 2017, en los Estados Unidos se adoptó una orden ejecutiva que exige desmontar dos regulaciones por cada nueva regla escrita (en Inglaterra esta conversión es eliminar 3 regulaciones vigentes por cada 1 nueva). De hecho, si los costos de cumplimiento superan los US$100 millones, la Oficina de Información y Asuntos de Regulación (Oira por sus siglas en inglés) deberá probar que los beneficios de la norma exceden dichos costos.
La idea en Colombia es que el instrumento del AIN conduzca a reducir el “Costo-Colombia” en el aspecto de burocracia Estatal. Algo de esto ya fue establecido en normatividad financiera, a través del Decreto 4172 de 2011 (creación de la URF), ver (Anif 2015 “Regulación Bancaria sus costos y efectos sobre la bancarización” http://anif.co /sites/default/files/investigaciones/libro_regulacion_ bancaria_4.pdf). El papel del DNP resultará crucial a la hora de usar el AIN y para ello deberá apoyarse en el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop).
