lunes, 21 de octubre de 2013
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En el marco de los acuerdos suscritos en el pacto agrario, el Gobierno Nacional anunció, a partir de la semana pasada, la implementación de una medida hasta el momento inusual dentro de la política agraria nacional: la compra directa de papa a los productores del país.

Esta decisión busca inducir una artificiosa escasez del tubérculo y el consecuente incremento en sus precios. Las entre 600 y 1.000 toneladas diarias adquiridas por el Gobierno serán transportadas en un complejo operativo logístico desde Boyacá hasta Chocó, San Andrés y Cauca, para atender a las familias damnificadas por el invierno. Así descrito, el programa parece ser doblemente acertado desde lo social, toda vez que facilita la provisión de alimentos para la población vulnerable al tiempo que mejora el caso de negocio de los también humildes productores nacionales de papa. Sin embargo, existen varias reservas en torno a la adopción de este tipo de medidas en un país con niveles de pobreza y miseria como los de Colombia. 

El primer elemento que genera preocupación es el impacto del incremento de los precios de un bien básico sobre el bienestar de los consumidores. Entre viernes y sábado de la semana pasada, el precio del bulto de papa pasó de $24.000 a $29.000, lo que corresponde a un muy fuerte incremento de más de 20%. Según el Dane, la papa es el cuarto producto agrícola más importante dentro de la cesta de consumo de los colombianos, y conforme se reducen los ingresos de la población, su participación dentro de la dieta de las familias se hace mayor. Por lo tanto, un aumento de precios de tal magnitud exacerba la condición de pobreza de millones de colombianos, afectando más que proporcionalmente a las familias de menores ingresos. 

Un segundo elemento de preocupación tiene que ver con el diseño de la medida. Las compras directas incrementan los precios e impiden que fluyan las señales de mercado de escasez relativa entre distintos lugares del país, por lo que se pueden presentar distorsiones regionales muy grandes en las cotizaciones e incrementos en el contrabando. Adicionalmente, el Estado asume una desbordada gestión logística que no solamente es costosa, sino que distrae a la función pública de lo que debería ser su más grande preocupación: la agenda de competitividad rural. Finalmente, se gastan unos recursos en atender a la población vulnerable en un bien que no necesariamente recoge sus prioridades o preferencias, imponiendo una peligrosa, y en cierta medida mezquina, discrecionalidad en el asistencialismo. 

En mi opinión, la medida de compra directa de bienes agrícolas, aunque bienintencionada, no es sana para Colombia. La respuesta a las válidas reclamaciones del pueblo campesino no puede darse a través de medidas transitorias e insostenibles que presionan la pobreza en el resto del país. La enérgica protesta social y las respuestas de política deben concentrarse en las soluciones estructurales de mediano y largo plazo, con el fin de diseñar la estrategia de competitividad rural y combate a la pobreza en el campo que por tantos años ha esperado el país. Entretanto, en el corto plazo se deben desmontar las compras directas y reemplazarlas por intervenciones menos distorsivas de mercado.