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Mientras que los niveles de endeudamiento público de otros países del mundo se pasean peligrosamente por el filo de la insostenibilidad fiscal, Colombia ha logrado anotar, en lo corrido de la administración Santos, dos grandes goles en materia de finanzas públicas. El primero y más importante es, sin duda alguna, la regla fiscal. Mediante este mecanismo, el gobierno se autoinflinge una camisa de fuerza que le impide desvíos discrecionales sobre los objetivos presupuestales de mediano plazo, evitando que las finanzas públicas se descarrilen al compás del ciclo político. El segundo, aprobado la semana pasada por el Congreso de la República, es la llamada Ley de Incidente de Impacto Fiscal, que armoniza la protección de los derechos fundamentales individuales con el bien público que implica la salud fiscal del país.
Con esta nueva Ley, cuando una sentencia tenga impacto presupuestal que comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas, la implementación del fallo debe darse en coordinación con el ejecutivo bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda. De esta forma, los cronogramas de desembolsos y demás elementos de la puesta en marcha se deben ajustar a las realidades del presupuesto público, evitando mandatos irrealizables que desemboquen en incumplimientos.
Tal como ocurrió con la regla fiscal, esta Ley ha ganado una serie de contradictores. Los más elaborados son aquellos que sostienen que la norma afecta nocivamente tanto la soberanía judicial como la separación de poderes. Sin embargo, el Gobierno ha sido enfático en que la Ley, tal como está planteada, no vulnera la autonomía de las Altas Cortes ni compromete el cumplimiento de los derechos fundamentales. En efecto, de acuerdo con el texto aprobado, ninguna autoridad puede invocar la sostenibilidad fiscal para “menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.
Cabe mencionar que los mercados no han sido ajenos a las mejoras en la normativa fiscal colombiana. De hecho, la calificadora Fitch Ratings mejoró el puntaje asignado al perfil de riesgo crediticio de nuestra economía, no solamente en los bonos de largo plazo emitidos en moneda extranjera, sino también en los de corto plazo. La aprobación de la Ley de Incidente Fiscal permitirá seguir ascendiendo en tales calificaciones, de tal forma que la percepción de riesgo sobre nuestra deuda - que hoy se encuentra a la par de la brasileña - se enrute rápidamente hacia los niveles de Perú y en el mediano plazo logre estar cercana a la registrada por la economía chilena.
En mi opinión, se debe reconocer el excelente trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda y la voluntad política del Congreso de la República en aprobar las leyes que garantizan la sostenibilidad fiscal de nuestro país. Con ello, la prosperidad de nuestra economía en el presente no se ampara en compromisos presupuestales en contra de las generaciones futuras. Sin embargo, cabe tener en cuenta que las finanzas públicas pueden ser sostenibles a distintos tamaños del Estado. En el caso de Colombia, el eventual posconflicto y la atención a la aún inconclusa agenda de competitividad demandan una inversión pública muy superior a la hoy en día registrada. Así las cosas, más temprano que tarde nuestra economía debe prepararse para una nueva reforma tributaria, esta vez pro recaudo. Ojalá el Ministerio de Hacienda y el nuevo Congreso de la República muestren la misma voluntad política.
