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ANALISTAS Un modelo anacrónico, ineficiente e irracional
jueves, 18 de febrero de 2016
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La producción departamental de licores está mandada a recoger, es imperativo modernizar mercados de cara a los consumidores y cortar la incompetencia

El tema de las licoreras departamentales ha sido objeto de análisis y estudio desde hace mucho tiempo y la realidad es que defenderlo resulta sencillamente anacrónico, ineficiente e irracional al punto que de no tomarse decisiones rápidas en la materia, la realidad global terminará acabando con la que otrora fue una renta significativa para los departamentos del país.

La información no puede ser más contundente. Pese a ese monopolio que establece que las fronteras regionales se asimilan a las nacionales en el caso de los licores producidos en su interior y que es contrabando la venta por fuera del departamento si no se pagan impuestos, las licoreras han ido desapareciendo, al punto que de casi 20 a comienzos de los años 90, solo quedan cinco, cuatro de las cuales registran creciente déficit, caída en la producción y el consumo. Esto demuestra que la supuesta protección no ha traído beneficio alguno para las empresas y por el contrario las está enterrando. 

No hay que ocultar la realidad. Las gobernaciones y su brazo político, las asambleas departamentales, han perdido el foco y desaprovechado el privilegio proteccionista dado en su favor en la Constitución y en varias leyes. En la mayoría de los casos lo han convertido en un fortín político en el que la corrupción y la ineficiencia se distinguen como prácticas normales. Basta comprobar la forma como se distribuyen cuotas de licor en los períodos preelectorales para atender los requerimientos de las campañas, usando disculpas de fomento al mercado o muestras de producto. Esa oportunidad no fue aprovechada y hoy ya no tiene sentido económico pues aunque se limite o se grave la entrada del licor de otra región, la importación se rige por normas que trascienden el ámbito local y son reguladas por tratados en los que los departamentos no tienen facultad alguna y cualquier práctica monopolística es prohibida o debe tener una reglamentación uniforme.

Es hora no solo se tener un debate amplio, serio y documentado sobre el modelo de las licoreras, con el objetivo de ajustarlo a la realidad global para que las regiones adopten las decisiones correctas como elegir entre si ejercen el monopolio sobre la producción de licores destilados como aguardiente y ron, contratar su maquila, otorgar permisos a particulares o abrir licitaciones para concesionar la producción, pero en cualquier caso en franca competencia. El régimen impositivo es otro asunto, pero la simplicidad de su administración debe tenerse muy en cuenta. 

Las licoreras han rebajado sus ventas en más de 30% en la última década y la mayor participación en el mercado lo ha ganado la importación legal, el contrabando y el licor adulterado. En esos términos, el camino de la desaparición de las empresas parece despejado, a no ser que se decida actuar en concordancia con las reglas que rigen los mercados.