Un máximo para el mínimo

Mientras Colombia celebra con júbilo el mantenimiento de vergonzosas tasas de desempleo ligeramente por debajo de 10%, las demás economías de América Latina consolidan con éxito niveles de desocupación entre 6% y 7%. De esta forma, el nuestro se afianza como uno de los pocos países emergentes que no ha logrado convertir los buenos niveles de crecimiento económico de la última década en mejoras sustantivas sobre el mercado de trabajo. Buena parte de la responsabilidad viene dada por las rigideces nominales del mercado laboral colombiano, entre las que persiste un salario mínimo demasiado grande para el tamaño de nuestra economía.  

En los últimos meses, el aumento compensatorio a los salarios de los congresistas en Colombia ha inspirado propuestas de incremento en el salario mínimo de hasta dos dígitos, lo que corresponde a casi cinco veces la inflación causada. Lo anterior hace prever un inminente fracaso en las negociaciones entre gremios y sindicatos, por lo que el salario mínimo deberá ser determinado - una vez más - por decreto del Gobierno. Dicho decreto se expediría pocas semanas después de un eventual anuncio de la candidatura del Presidente Santos a la reelección, por lo cual algunos consideran que, pese a los históricamente bajos datos de inflación, el momento político favorecería un incremento salarial alto. Nada más nocivo para Colombia en estos momentos. 

A primera vista, el salario mínimo de Colombia parece pequeño. En efecto, al ajustar por paridad de poder adquisitivo, se encuentra en niveles medios respecto a la región, por debajo de Chile, Ecuador o Perú y por encima de Uruguay, Brasil o México. Sin embargo, la mejor medida del tamaño de salario mínimo es la que se hace en relación a los ingresos medios del país, bien sea frente al PIB per cápita o a los salarios medios de la economía. El último informe de mercado laboral de Acrip-Fedesarrollo muestra que, de acuerdo con este criterio, el de Colombia es uno de los salarios mínimos más altos del mundo, el mayor tanto de la región como de la Ocde. Lo anterior indica que la proporción de personas excluidas del mercado laboral formal por cuenta del salario mínimo es más alta en Colombia que en el resto de economías comparables, lo cual hace más difícil en términos relativos la movilidad social en nuestro país.

La única manera para que los trabajadores menos productivos se vinculen al mercado laboral formal es separando el salario mínimo del salario medio. Para ello, es perentorio que este último crezca más rápidamente, por lo que el salario mínimo debe ser un umbral que se ajuste estrictamente a la inflación mientras que el salario medio debe crecer, orientado por el mercado, a niveles superiores que vinculen los incrementos de la productividad. Por ello, las propuestas de incrementar el salario mínimo en 3,9%, correspondiente a la suma entre inflación y productividad media, no son buenas para el país. Por un lado, no alejan el salario medio del mínimo, manteniendo el efecto nocivo de este último sobre la tasa de desempleo. De otra parte, imponen un incremento uniforme por productividad que desconoce las diferencias entre sectores y regiones. 

A partir de 2014, Colombia se enfrenta a un nuevo ciclo de expansión de su economía, lo que le ofrece la oportunidad de consolidar tasas de desempleo de un solo dígito y cerrar la brecha frente a las demás países latinoamericanos. En mi opinión, el gesto más profundo de solidaridad con las personas vulnerables del país es, aunque parezca poco intuitivo, moderar el crecimiento del salario mínimo para sacar el mayor provecho a esta nueva aceleración del PIB, expandiendo las fronteras del mercado laboral y vinculando formalmente a una mayor proporción de la población. Dado que la inflación en 2013 fue inferior a la prevista, el incremento máximo del salario mínimo debería ser de 3%, que corresponde a la meta de largo plazo del banco central. Los técnicos del Gobierno deben tomar la decisión correcta, por difícil que parezca en pleno año preelectoral.