Propuestas indecentes

Con ocasión del proyecto de reforma denominado “Equilibrio de Poderes” y aprovechando las sesiones del congreso, el Presidente de la República y su gobierno, vienen impulsando iniciativas legislativas que muy lejos de convocar a los diversos sectores de oposición han logrado por el contrario generar reacciones adversas.

La más contradictoria de ellas fue la propuesta de eliminar la ley de garantías que suspende, desde algunos meses anteriores a las elecciones, la contratación. La norma vigente que se pretende cambiar  tiene el propósito de impedir que la contratación oficial se oriente para favorecer determinadas campañas políticas, prácticas que vienen a desprestigiar y a deslegitimar aún más el maltrecho sistema democrático en nuestro país.  ¿Cuál es el propósito de esta propuesta irresponsable del jefe del estado que de tornarse en realidad sería instrumento expedito para feriar una gran cantidad de recursos públicos? ¿Acaso con ella se quiere, en vísperas de elecciones desagraviar a los señores alcaldes por haberles incumplido la promesa presidencial de hacer posible la reelección de aquellos?

Otra de las propuestas incluidas en el proyecto denominado  “Equilibrio de Poderes”, es la creación de un Tribunal de Aforados que reemplace la desprestigiada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y se ocupe de investigar a los magistrados de las altas cortes. Esta comisión la integrarían nueve miembros, los cuales serian designados en su primer período, a dedo por el presidente Santos.  Nada más antidemocrático  y absurdo.  Con esto de perdería totalmente la independencia de quienes ejercen funciones jurídicas, tanto de los miembros del Tribunal de Aforados como de sus posibles investigados, nada más y nada menos que los magistrados de las altas cortes, incluyendo los de la Constitucional que tendrán que fallar sobre las normas que el gobierno impulse sobre el proceso de paz. La independencia de estos se vería amenazada al saber que sus investigadores serán escogidos a dedo por el presidente Santos.

Otra propuesta que deja mal sabor y está contenida en el proyecto de “Equilibrio de Poderes”, es la de acabar con la función del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia de escoger a dos de los tres nombres que van al Senado de la República, para que uno de ellos sea elegido Procurador General.  Dicha función, según el proyecto de reforma que estamos comentando, la ejercerá el Presidente de la República, quien elaboraría la terna completa para que el Senado elija al Procurador General.  Si el Procurador General de la República tiene como función principal investigar y juzgar a los funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, lo lógico es que el ejecutivo no intervenga y mucho menos sea omnímodo en la elaboración de la terna. Deja pésimo sabor la propuesta que tiene como único propósito que el presidente tenga un Procurador de bolsillo, lo que hubiera sido gravísimo en este proceso de paz, en el cual el presidente Santos ha buscado afanosamente normas que tienden a sacrificar la mínima justicia que se debe aplicar a los criminales de lesa humanidad.

Seguramente si no hubiera hoy un Procurador independiente del ejecutivo, el proceso de paz hubiese avanzado con máxima de impunidad, la Corte Penal Internacional no se hubiera enterado de la cantidad de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad y las víctimas del conflicto armado serían los grandes sacrificados.