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Somos muchos los colombianos a quienes preocupa el futuro del país y percibimos hechos inquietantes.
El proceso de paz en La Habana no ha arrojado resultados concretos que nos permitan pensar que saldrá exitoso. Dos años de dialogo no han arrojado hechos de paz por parte de la guerrilla, por el contrario, sus atentados mortales a las fuerzas del orden arrecian, como también la destrucción permanente a la infraestructura que genera riqueza para el país y bienestar para nuestros compatriotas.
La cantidad creciente de oleoductos destruidos por las acciones de la guerrilla ha desestimulado la inversión en la exploración y se han reducido dramáticamente las posibilidades de encontrar petróleo, cuando solo tenemos reservas probadas que alcanzan para los próximos siete años, a partir de los cuales las necesidades fiscales costaran 2 puntos más del PIB.
La meta del gobierno de alcanzar la producción de 1 millón de barriles diarios ha sido imposible de lograr y en el escenario más optimista se producirán 900.000 barriles. El Ministro de Hacienda, acaba de afirmar: “por cada peso que deje de entrar por el crudo, se debe subir un peso de impuestos”
La destrucción permanente de la red de energía nacional en varias regiones, como sucedió hace pocas semanas en Buenaventura, arrojó pérdidas millonarias a la operación de carga y sometió a los pobladores a padecer la ausencia del fluido eléctrico. Vastas regiones del país están perdidas para la fuerza pública como el caso del Catatumbo, región productora de coca, dominada por la guerrilla, en cuyo territorio ordenó a la fuerza pública el presidente Santos, el cese de la acción de la erradicación obligatoria de las matas de coca, producto que financia a toda clase de organizaciones criminales en el territorio patrio. De igual forma el Putumayo esta tomado por las fuerzas subversivas, cuyas acciones avanzan en diferentes regiones del país.
El conflicto con la guerrilla es permanente, no da tregua, sin embargo para el Presidente de la República vivimos en el post-conflicto, engañosa manera de distorsionar y presentar la realidad.
El déficit fiscal para 2015, es enorme, $12.5 billones, lo que impedirá financiar obras necesarias para la competitividad del país y ante ello, el gobierno se apresta a aumentar los impuestos a los colombianos, a restablecer el 4 x 1.000 y a bajar la base para que mas colombianos paguen el impuesto al patrimonio lo que golpeara la capacidad adquisitiva, especialmente de la clase media.
Como si el anterior anuncio fuera de poca monta, la inflación es creciente, lo que ha llevado al Banco de la República a elevar las tasas de interés, que trae como efecto el encarecimiento del crédito y la llegada de flujos de capitales especulativos que terminan golpeando a través de la revaluación la industria nacional, fuente de generación de empleo.
Este panorama fiscal ha llevado al gobierno a tomar la decisión de hundir el trámite de la tan anunciada reforma a la salud, necesaria para mejorar la atención y la calidad de los servicios de la salud de los colombianos.
Tampoco se volvió a hablar de la prometida reforma a la educación que tenía el propósito de bajar los costos y elevar la calidad educativa, de muy bajo nivel, como lo demuestran los resultados de las pruebas Pisa.
Con este panorama sombrío, a las nuevas generaciones se les dificultará cada día más, conseguir empleo, debido además a la globalización del trabajo y de los mercados, escenario al hay que sumarle, el costo de las pensiones y los servicios sanitarios que recaen cada vez más sobre las nuevas generaciones, ante el envejecimiento de la población colombiana.