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ANALISTAS Mi respuesta al abogado Guillermo Rodríguez
domingo, 20 de julio de 2014
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En su edición del 15 de julio en la columna de opinión del abogado Guillermo Rodríguez Martínez se hacen varias afirmaciones injuriosas contra mí, que solicito rectifiquen o permitan la publicación de mi réplica.

Nunca afirmé en campaña, como dice el abogado, que iba a entregar la operación de los BRT de Transmilenio a una empresa pública, para después, según él, recular.

Mal podría hacerlo cuando es un Acuerdo del Concejo Distrital el que ordena que la operación de BRT en Transmilenio debe ser privada y ninguna decisión del alcalde puede contradecir esa norma, que como el abogado sabe, es de orden superior.

Creo que la operación del metro debe ser pública y con eso se asegura el control de operación del transporte en la ciudad. Creo que en la operación de buses puede existir participación pública y en eso he trabajado, pero no puedo volver las empresas que operan el servicio de privadas a públicas porque me está expresamente prohibido.

El abogado perseverantemente parte de su afirmación falsa para decir que varié mi posición inicial para buscar una renegociación de los contratos con los operadores privados.

Desinforma el abogado, al no decir a la opinión pública que la renegociación de los contratos con los operadores privados o, en su defecto, la modificación unilateral de los contratos, fue ordenada en diciembre de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en fallo de primera instancia.

Pero más injuriosa es la afirmación del abogado cuando dice calificándola de obscena, que yo haya puesto un familiar como “calanchín”. Ningún familiar mío participó en el proceso de renegociación.

Si se refiere a Alberto Merlano, el abogado debería saber  por sus propios estudios de derecho que Alberto no es ningún familiar mío. Y tampoco lo es de mi esposa, falseando la realidad y asignándole el parentesco de tío. Los tíos de mi esposa se llaman Roberto, Carlos, Alfonso, Diana, Mercy Alcocer Rosa. Y por el lado materno el señor Álvaro García.

Dice el abogado que en la renegociación los operadores privados lograron aumentar su flota en 200 buses. Todo lo contrario, la renegociación se hizo sobre fase I y II de Transmilenio y no se permitió el ingreso de un solo bus nuevo y solo versó sobre tarifas de remuneración al operador, kilometraje y articulación al Sitp.

Y dice el abogado que Alberto Merlano estructuró la renegociación de Transmilenio con los operadores privados. Falso.

Las propuestas de tarifas técnicas, kilometrajes y otros fueron hechas por los operadores privados, por la subgerencia económica de transmilenio y por la firma privada contratada por Transmilenio: Valora.

Para llegar al punto exacto de negociación se contrató a la firma privada Valfinanzas para analizar con modelos matemáticos, las diferentes propuestas y llegar a la decisión final.

Y para concluir su análisis calumnioso, el abogado afirma que a cambio de que Bogotá reciba $76.000 millones, los operadores recibirán dos billones de utilidades.

Confunde el abogado, ingresos de Transmilenio con utilidades de los operadores privados. El ABC de la economía: “no confundir ingresos operacionales con utilidades de la operación” es violentado por el abogado no por ignorancia sino por su afán de calumniar mi administración.

Los ingresos del Fondo de Estabilización Tarifaria de Transmilenio que son fundamentalmente los pasajes de los usuarios, van a una fiducia, se les entrega a los operadores privados, sus gastos operacionales y sus utilidades. Las utilidades de los operadores en fase I y II suman 62.000 millones anuales.

Lo que si logramos fue reducir en casi 80.000 millones anuales los pagos por gastos de operación que se reflejaron en la primera baja histórica de tarifas a los usuarios de Transmilenio.