Muchos ciudadanos bogotanos, ricos y pobres, de los estratos seis a dos, se están quejando con recibo en mano, de los pagos que deben realizar en las próximas semanas por “obras anunciadas” por la “maltrecha” administración de Gustavo Petro. Los burócratas de turno solo se han manifestado con una dosis de descaro diciéndole a los pobres capitalinos que si pagan antes de determinada fecha tendrán un descuento del 10 y luego del 5% y que si no están de acuerdo pueden quejarse, pero anticipando, con soberbia, que las liquidaciones están bien hechas.
Esos mismos ciudadanos, hace tres años debieron pagar unas altas sumas por unas obras que se anunciaron en el momento y que no se han hecho en su mayoría, lo cual constituye el ejemplo más burdo del manejo de la cosa pública en Bogotá. Sin duda que eso produce una sensación entre rabia y desconcierto. Pero en ese sentido no se pronuncia nadie en su favor, ni el Contralor de la ciudad, ni el personero y menos la enigmática veedora, esposa del promotor de la cultura ciudadana, Mockus.
Lo que se está haciendo con la valorización en Bogotá es el resultado de la aplicación de un modelo perverso, irracional y en contravía de lo que debe ser el pago, que de por si, tiene todo el sentido y es válido.
Lo primero es que la valorización, como su nombre lo indica, es el resultado de unas obras que se hacen y que valorizan una propiedad. Y en ese orden, el propietario debe trasladar una parte de la rentabilidad a la administración que hizo la obra. En esos términos, la valorización es un concepto muy localizado y no debe ser general. En Bogotá no ocurre así y muchos ciudadanos deben pagar por obras cuyo impacto no los beneficia para nada al no valorizar sus propiedades. Así, quién paga esa cuota extraordinaria lo que está cancelando es un sobreimpuesto al predial, lo cual es dudoso legalmente. Aún aceptando esa valorización por “beneficio general”, resulta que al no haberse ejecutado las obras de los pagos anteriores, no ha habido ningún efecto benéfico para nadie. Caso evidente, como se ha denunciado.
El segundo punto, de gran trascendencia, es que la valorización ocurre después de realizada la obra y no antes, y no como lo están creyendo los burócratas, pues aunque el concejo aprobó la valorización y ahora los ediles se hacen “los de la vista gorda” hay que perdonarlos por cuanto su coeficiente no les permite entender más allá de las cuotas y las gabelas que les ofrece cualquier administración.
Es sencillo. La plusvalía, -palabra muy usada por Carlos Marx en El Capital, para definir el excedente que los obreros le dan de más a los capitalistas y que fundamentó y alimentó el modelo de izquierda y que con seguridad conoce muy bien Petro y su gente-, solo se realiza o se logra cuando el proyecto, llámese vía, parque o mejora, se pone en servicio y al disfrute de la comunidad.
Para consuelo de los sufridos bogotanos, lo que les está pasando no es su exclusividad. Resulta que en el país se da algo similar con las carreteras y que también genera esa sensación de rabia. El gobierno de turno, a través de unas pomposas entidades, que comienzan por A (como ANI, ANH, ANM) entrega la construcción o ampliación de una vía o un puente a un contratista y ¿saben que es lo primero que aplican sin haber iniciado la obra? Un aumento de peajes, como si su pago no fuera resultado por la utilización de la nueva vía. Y la eficiencia en el cobro no se compadece para nada con la ejecución del proyecto y todos sabemos por qué: es la manera de generar la caja para trabajar.
¿Será que no queda sino la resignación en el caso de la burda valorización que se les quiere aplicar a los bogotanos? Por ahora, meinclino a una primera acción concreta: un grito de rabia.
