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Desde la época del expresidente Alfonso López Michelsen, se viene hablando de la conveniencia nacional de que los órganos de control, sean regidos por personas que no pertenezcan a los partidos políticos que hagan parte de la coalición gobernante. En aquella ocasión, el entonces candidato liberal ofreció en sus propuestas de campaña que, el Contralor General de la República no sería un ciudadano que militara en su propio partido. A la postre, López Michelsen fue elegido presidente y, la Cámara de Representantes eligió al liberal Aníbal Martínez Zuleta como Contralor General. El jefe del Estado a pesar de tener el control de las mayorías del Congreso, no hizo cumplir la promesa presidencial.
El Gobierno Nacional anuncia ahora la presentación de un proyecto de reforma para equilibrar los poderes públicos. Si el propósito es serio y no simple distractivo para la opinión nacional, debería considerarse la conveniencia de que quien vaya a ejercer el control sobre la transparencia, planeación y ejecución del gasto público, no pueda pertenecer a la misma filiación política de los partidos que hayan ganado la contienda presidencial.
De igual forma se debe proceder con la elección del Procurador General de la Nación, quien vigila la conducta de los funcionarios de la administración pública.
A pesar de ser tan criticado el sistema de ternas en cuya elaboración intervienen las altas cortes para nominar candidatos a las anteriores posiciones, su escogencia por órganos colegiados, garantiza amplio debate sobre el nombre de los nominados.
La eliminación de la reelección presidencial, propósito anunciado por el Gobierno Nacional, es una decisión conveniente, cuya autoría inicial es de origen conservador, pues fue la bancada de esta colectividad, la que presentó en la legislatura pasada, un proyecto de acto legislativo en este sentido, idea liderada por el senador Juan Manuel Corzo.
La reelección presidencial distrae el trabajo del presidente convertido en candidato y lleva al Gobierno Nacional a trabajar con las miras en esa causa, lo que trae como consecuencia, improvisación en la planeación y ejecución de las metas del gobierno, cuyo interés general se cambia por el interés particular de la reelección.
La eliminación de esta figura, contribuirá a acabar una de las causas que hoy estimula prácticas antidemocráticas. Unida a esta decisión irá la extensión del periodo presidencial, ojalá a 5 años, tiempo suficiente para ejecutar un programa y proyectar planes fundamentales a mediano plazo.
El otro aspecto que conviene a nuestro sistema democrático, es la implementación del voto obligatorio pues, la abstención ronda 50%. La participación electoral mayoritariamente es movida por la acción de maquinarias políticas, expertas en conducir a las urnas al electorado, cuando lo deseable es que se exprese de manera constructiva la opinión nacional. El voto obligatorio redundará en el debate de las ideas y los programas que se convertirán en centro definitorio de los resultados electorales.
Las reformas anunciadas para equilibrar los poderes públicos, generan una magnífica oportunidad para expedir normas que por su peso específico y su trascendencia, contribuyan a combatir la corrupción y las prácticas repudiables enquistadas en nuestro sistema político.
