Hace un poco menos de mes y medio, en este mismo espacio, advertí cómo los sucesos del Catatumbo, con su levantamiento popular, sus protestas, bloqueos, acciones de fuerza, eran quizás un preámbulo de una amenaza que pende sobre Colombia desde hace mucho rato: un estallido social de proporciones incalculables y de consecuencias imposibles de prever. Todo está dado desde hace muchos años para que esto ocurra, por el impresionante número de desplazados, por la exagerada concentración de la riqueza, por la rampante exclusión, por los índices perversos de pobreza, de cobertura real de la seguridad social, etc.
El actual paro agrario es un peldaño más en esa escalada fatídica hacia el horizonte de un cataclismo social. Debe verse, no como asunto aislado sino como parte de un proceso de malestar muy profundo que se viene agitando en la última década y que ha tenido varios hitos, entre ellos la marcha de 12.000 indígenas de Piendamó hasta Cali, en 2008, las valientes protestas estudiantiles del 2011, que obligaron a Santos a reversar la Ley de Educación; los paros diversos de este año (mineros, cafeteros), con el Catatumbo a la cabeza, y el levantamiento campesino de hoy, que en el fondo se convirtió en un gran paro cívico nacional.
Este último pinta para extenderse en el tiempo, por varios motivos. El primero es que en resumidas cuentas es una sumatoria de distintos estallidos e inconformidades de distinta intensidad. Lo segundo es que en el río revuelto del malestar están pescando muchos oportunistas lo cual ha terminado por poner del mismo bando al uribismo (solo por minar aún más al gobierno de Santos), y a las Farc. Tremenda ironía, por donde se le mire, pero sobre todo porque los unos y los otros son en buena medida responsables de la profunda crisis en el campo colombiano. Pero además de ellos, han terminado protestando y bloqueando los volqueteros (en pelea con Petro), los camioneros (por restricciones en las vías), y hasta los taxistas de la capital porque no los dejan estacionar en una rotonda del sur.
Pero sobre todo, la protesta de hoy sugiere que puede escalar aún más y prolongarse porque es el resultado de más de 40 años de torpezas, mezquindades y errores en el manejo del campo, desde Misael Pastrana haciendo su reforma urbana, en un país donde todavía casi un 45 por ciento de la población era campesina, hasta los escándalos de Agro Ingreso Seguro del gobierno Uribe regalando dinero a los finqueros ricos y a las reinas de belleza. En ese lapso hubo tres pretendidas reformas agrarias, todas de papel, una de López, otra de Betancur y otra más de Barco. Y mientras los gobiernos intentaban hacernos creer que muchos campesinos estaban accediendo a la tierra, la guerrilla y los paramilitares hacían una gigantesca y eficaz contrarreforma agraria, y concentraban de modo dramático la propiedad rural.
El propio modelo para “desarrollar” el campo ha sido absurdo, con su filosofía de desincentivar la pequeña producción campesina y fomentar la agroindustria, lo cual tiene lógica y no está mal en sí mismo. El problema es que a ese proyecto faltó incluirle un discurso muy fuerte sobre la necesidad de aglutinarse, de cooperativizar y trabajar en unidades de producción más allá de los minifundios, y así acceder a tecnología, a créditos, a capacitación. El resultado fue que el grueso del campesinado se empobreció, se quedó en el atraso y se vio abocado a ofrecer su mano de obra, cuya remuneración en promedio bordea apenas los $250.000 mensuales. Por eso, hoy el 75 por ciento del empleo en el campo es informal; el 68 por ciento de los campesinos es pobre y un 33 por ciento está en la indigencia. La educación en el campo es casi un chiste: unas escuelas vetustas, aisladas del mundo y sus grandes corrientes, que solo sirven para perpetuar el subdesarrollo, generación tras generación.
Hoy en Colombia es mejor ser indígena que campesino. Los pueblos nativos tienen más garantías legales, más atención estatal, más capacidad de organización e inclusive más vocería y representatividad.
Esto último es evidente en el paro actual, que no tiene unos líderes ni unos dirigentes claros, y eso complica mucho las cosas. La extraña mesa de Tunja, de la cual se paró el Gobierno ayer, tendrá que repetirse temprano que tarde en Pasto, en Neiva, en Bucaramanga, o en la costa, cuando se alebresten los campesinos sabaneros. Sin dirigentes representativos no hay cómo maniobrar con las raras presiones que denunció el Presidente ayer, que según él están forzando a los campesinos a seguir en las carreteras; sin líderes no hay como detener por las buenas la grave criminalización que está tomando esta protesta, con sus vándalos (y muchos ladrones) en Facatativá, en Tunja, en Suba, en Ciudad Bolívar.
Ese es el estallido social en ciernes que parece inevitable, no ya; quizá mañana tampoco, pero a la vuelta de unos pocos años, y si no hay cambios reales en la política y la economía, es un destino inapelable.
