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ANALISTAS

El poder para las Farc

viernes, 23 de mayo de 2014
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El periodista Eduardo Mackenzie comentó el pasado primero de diciembre ‘el acuerdo sobre participación en política de las Farc’ en un acertado y olvidado artículo, el cual trato de revivir a continuación, para invitar a votar por Óscar Iván Zuluaga, con el fin de evitar caer en tales trampas. Algunos observadores afirmaron que ese papel contenía reformas que podrían ser benéficas para el país. Que la participación era ‘incierta y confusa’, concluyeron algunos. Para Mackenzie y para este columnista es un texto alucinante.

“Ese texto busca minimizar el poder legislativo colombiano. La Cámara de Representantes ya no será la expresión del voto de los ciudadanos. Con la creación eventual de unas ‘circunscripciones transitorias especiales de paz para las regiones afectadas y abandonadas’ habrá una serie de curules,  cuyo número sigue oculto hasta hoy y que serán otorgadas no por los electores sino por el Gobierno, o por las mismas Farc”. 

“La libertad de empresa y la economía de mercado serán entrabadas mediante unas instituciones que quieren crear. La empresa privada y hasta los planes de desarrollo del país quedarán bajo la tutela de unos organismos inventados. En el documento los llaman ‘consejos territoriales de planeación’. Santos había dicho que las negociaciones con las Farc no tocarían la economía. Era otra mentira”.

Las Farc quieren que Colombia haga una ‘revisión integral’ de su sistema electoral y que adopte el voto electrónico que consolidó a Chávez. El ‘acuerdo’ exige eso y hasta anuncia que una comisión de ‘expertos’ vendrá a Colombia  a realizar esa revisión. Sabemos que son los mismos que ayudaron a Chávez.  El texto subraya, asimismo, que las Farc quieren cambiar la ley actual de los partidos políticos mediante un ‘estatuto de garantías para los partidos’ inspirado por ellos. 

“Según ese papel, las Farc podrán censurar judicialmente a sus críticos. El documento impulsa la creación de un nuevo tipo penal: el delito de ‘estigmatización’. Quien critique a las Farc y a las dictaduras podrá ser acusado de  ‘atentar contra la convivencia’ y  contra la ‘cultura de reconciliación’ y podrá ser multado y encarcelado”. 

“El documento prevé la creación de una serie de organismos de justicia paralela bajo el disfraz de unos ‘consejos y veedurías para la reconciliación y la convivencia’, los cuales tendrán jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Todos ellos son organismos de control totalitario de una minoría sobre las mayorías colombianas”.  

El ‘acuerdo’ firmado por los negociadores de Santos, prevé hasta la conformación de grupos armados para encargarse de la ‘seguridad’ y de la ‘protección’ de los jefes terroristas que quedarán en libertad. Es lo que el documento describe como un ‘sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política’.

“Las Farc no entregarán las armas, sino que las ocultarán durante ‘el marco del fin del conflicto’. O sea, la ‘fase de la paz’ no se iniciará mientras no queden ellos totalmente satisfechos con la desfiguración profunda de nuestras instituciones”.

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