El mínimo común múltiple

Construir un país en paz va más allá de lo que se firme en La Habana. Me refiero a un país en convivencia pacífica, respetuosa, incluyente y tolerante frente a las diferencias de pensamiento, credos e inclinaciones personales.  Justamente en ese escenario, emergen preguntas sobre cuál es el modelo económico que habrá de desarrollar el país para que la convivencia pacífica sea sólida y que sea nuestro distintivo nacional para los próximos 100 años.

En este escenario emerge un cambio de paradigma que está llegando por diferentes vías: el procomún colaborativo, modelo que según Jeremy Rifkin desplazará al paradigma capitalista como modelo dominante en la segunda mitad del siglo XXI; afirmación que puede parecer pretensiosa, pero que dada la aparición de Uber, Airbnb y la tendencia de consumo de los milénicos (millennials), puede ser una realidad.  

Se trata de una parte de la cuarta revolución industrial. El procomún colaborativo consiste en pasar de la importancia que se le da a la propiedad sobre las cosas hacia la importancia del servicio o la utilidad de esas cosas. En este sentido, se acabaría la primacía de un paradigma basado en la acumulación de propiedad para darle prioridad al valor de compartir y ofrecer a los demás de manera recíproca. Antecesores de este concepto se pueden ver en el gobierno de los bienes comunes de Elinor Ostrom y los escenarios de cooperación de John F. Nash entre otros, puesto que en este enfoque estamos asumiendo al mercado como un sistema abierto en el que diferentes personas comparten información entre sí y debido a ello, se logran potenciar las iniciativas de cualquiera de ellas si la iniciativa es compartida y potenciada entre las mismas. De esta forma se logra innovación colectiva para crear y colocar productos y servicios con un costo marginal cero.

En ese paradigma las empresas solidarias se han desarrollado desde hace más de 200 años en todo el mundo. Las cooperativas, fondos de empleados y mutuales por ejemplo, tienen dueños, pero esa propiedad es colectiva ya que sin importar la cantidad de sus aportes, cada asociado tiene una voz y un voto en sus asambleas y, se individualiza la satisfacción por el uso de los servicios de la empresa. Un modelo que ha sido poco comprendido pero que empieza a tener reconocimiento en agendas públicas y que en Colombia empezamos ya a hacer algunos aportes.

La ley 1780 aprobada el 2 de mayo de 2016 da cuenta de esta tendencia. La ley ya es célebre por promover el empleo y el emprendimiento juvenil, dar opciones para la normalización de la situación militar y reconocer el voluntariado como práctica laboral entre otros avances. Particularmente su artículo 27 promueve la “educación económica y financiera, cooperativa y solidaria en el sistema educativo”, texto similar al que siendo presidente de Confecoop en 2014  lo propusimos sin éxito en la ley del plan nacional de desarrollo pero que ahora desde la dirección de la Red Unicosol logramos incluir, con el apoyo de senadores y del ministerio del trabajo.

El objetivo de promover este artículo desde el gremio de profesores e investigadores de la economía social y solidaria en Colombia, es la necesidad de legislar para el futuro y para los nuevos adultos. Necesitamos que esa tendencia hacia la economía colaborativa se concentre en demostrarle a las nuevas generaciones las bases teóricas y las evidencias prácticas de una economía desde un mínimo común múltiple, es decir, desde un nuevo paradigma basado en la cooperación y el compartir, algo que va más allá del paradigma de poseer y acumular.