“El mejoramiento de un Estado empieza a partir de la voluntad para asumir la realidad como referente para entender las cosas. En diferentes escenarios y con un único discurso a través del tiempo los gremios del sector pecuario han sido un exponente de las dolencias del campo, un cantador de los riesgos y los peligros, como también un juicioso proponente de medidas de orden estructural en el entendido que solo la modernización y la reconversión son el único camino a fortalecer nuestro sector”.
Son varios años en donde los gremios del sector pecuario se han manifestado en el palacio de Nariño, en el Congreso de la República, en los diferentes ministerios, en los medios de comunicación, mostrando una realidad ignorada frente a la cual el Gobierno Nacional es rehén de la frivolidad, estando siempre detrás de la promesa y nunca de frente a las causas, escondiéndose detrás del cómodo cobijo de la actitud indiferente.
La línea de pobreza de la población rural, la falta de infraestructura, la tasa de cambio, las condiciones sanitarias y fitosanitarias, los tratados de libre comercio, las asimetrías entre transformadores y ganaderos, la necesidad de un desarrollo científico y tecnológico para el domino del conocimiento, la innovación como instrumento de productividad, la estructura de costos, la asociatividad, el desconocimiento de las regiones ganaderas y de los cambios experimentados en la ultimo década, entre otros, son temas estudiados y frente a los cuales se han presentado alternativas estructurales de solución. Sin embargo, un gobierno concentrado en lo complementario y no en lo estratégico, no atiende el estudio juicioso.
Un Gobierno concentrado solo en la restitución de tierras se olvidó que el crecimiento del sector se da prioritariamente con el incremento de productividad, por encima de la incorporación de nuevas áreas. Un equipo de Gobierno totalmente ligado al análisis neoclásico que ha fracasado en la producción agropecuaria con políticas orientadas a cumplir con mitos de libre comercio sin la implementación de medidas de seguridad alimentaria y que no quiere entender que un libertinaje comercial y cambiario que pone los precios de los bienes de mayor demanda por encima de los internacionales, es una afrenta a la modernidad, al empleo y a la armonización social.
Un Gobierno que no atiende estrategias de productividad y de reconversión consideradas no solo desde la órbita de lo productivo, sino desde la incorporación de la población productiva, con los medios y subsidios que sean necesarios para fortalecerlas.
El paro agrario ratifica lo siempre dicho por el gremio: debemos retomar la senda del fomento a la producción regional, sostenible, equitativa y competitiva y esto demanda subsidios fructíferos en bienes públicos, que además de incidir en la productividad, corrijan las inequidades. Las realidades locales obligan a una aplicación especifica de los instrumentos de la política sectorial, de manera concertada con los órganos públicos y privados, pero por sobre todo despolitizando el sector.
Los mercados de tipo social deben ser atendidos por el Estado comprando la leche a los pequeños productores siendo deseable que ellos tuviesen su propia entidad de mercadeo social, programas de esta naturaleza muestran las posibilidades y la viabilidad de crecer, pese a las inestabilidades del mercado. Esta propuesta no nació de las angustias del Gobierno frente a la búsqueda de soluciones al paro agrario, es una propuesta manifestada de manera repetitiva en la Junta del Fondo de Estabilización de Precios y en la Junta del Fondo Nacional del Ganado, pero siempre se encontró la talanquera de un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que frustraba la posibilidad de desarrollarse con posiciones urbanistas y caprichos de entorpecimiento sin un Gobierno con posiciones vehementes frente a la urgente necesidad. Un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deambulando solitario y afrontando tristes intenciones de reducción presupuestal frente a un sector que necesita de un trabajo interministerial.
La política no puede sostenerse mediante visiones apáticas que se desprenden de toda responsabilidad. Los costos de la indiferencia provocan discontinuidad e inestabilidad demostrando la gran capacidad para impedir cambios y reformas, costos que pagan la mayoría por omisiones de una minoría que no tienen la visión constructiva de la economía del campo.
