Innegables son las conquistas de la recientemente aprobada reforma tributaria, principalmente en lo referente al mercado laboral. Sin embargo, el proceso de negociación política dejó ver que la abrumadora militancia en la llamada Unidad Nacional es a todas luces insuficiente para poner freno a los intereses de algunos de sus congresistas, quienes, pese a defender ideas probadamente antitécnicas, terminarían por derrotar en algunos puntos la bien fundamentada defensa del Gobierno.
Fue entonces que algunas de las modificaciones impuestas por el Congreso resultaron demagógicas, con el único propósito de recoger réditos políticos a través de un discurso, errado como el que más, de parlamentarios heroicos que se manifiestan compasivos con el pueblo a través de una épica reducción de impuestos. Otras de sus iniciativas son una mera contraparte de la intensa actividad de lobby desarrollada por sectores privados, que lograron acuñar excepciones y consideraciones preferenciales para algunos productos e individuos. Lo cierto es que el no hundimiento de la reforma tributaria supuso la aprobación de algunas medidas que no dejan de sorprendernos.
Un primer ejemplo es la reducción en el IVA de muchos bienes y servicios bajo la consigna de que con ello se suavizaría el gasto de los más pobres. Este argumento, aunque intuitivo, padece de dos grandes debilidades desde lo económico. La primera de ellas es que muchos de los bienes o servicios privilegiados - como la medicina prepagada - no son consumidos precisamente por la población más pobre, por lo que un eventual alivio tarifario no representa reivindicación social alguna. De otra parte, escapó del análisis de los padres de la patria el hecho de que los precios dependen, finalmente, de la estructura de mercado en la cual operen las firmas y del costo relativo de una eventual retarificación. Por tanto, muchas empresas sacarán provecho de su poder de mercado, transfiriendo buena parte del estímulo tributario a sus márgenes. En otras, si resulta más barata la calibración del software tributario que la actualización de los precios finales, cobrarán al público un menor impuesto pero con una mayor base gravable, manteniendo inalterados los precios. En suma, serán en muchos casos las firmas y no los consumidores más pobres los grandes beneficiarios.
Otro ejemplo fue el prematuro hundimiento de la propuesta de gravar los dividendos de quienes reciben fortunas por este concepto. La airada arremetida en contra de esta medida mencionaba la protección de los más pobres, como si los que superaran el umbral de $200 millones anuales por este rubro pudieran considerarse como tal. Dejaron de lado, por supuesto, el hecho de que en Colombia los gravámenes a los individuos son de los más bajos de la región, y que una oportuna de recomposición de tributos de firmas hacia personas - como en Chile - traería consigo mejores oportunidades de empleo y un impacto redistributivo de la política fiscal aún mayor.
Un último caso es la muy publicitada reducción en los precios de la gasolina, medida que, sin existir intervención sobre los precios del transporte público, carecerá de efecto sobre los más pobres. Por el contrario, aliviará el bolsillo de quienes ostentan mayores ingresos, estimulando en ellos la demanda de combustible, con un negativo efecto sobre el ambiente, el tráfico y la productividad.
En mi opinión, es la reforma tributaria un claro de ejemplo de las complejidades de las negociaciones políticas. Pero de paso, hace ver la fragilidad del concepto de unidad nacional, que si palidece ante el cabildeo privado o los incentivos de popularidad de corto plazo, seguramente colapsará ante cálculos políticos de mayor envergadura.
