Deber, pero también derecho

No dudo en catalogar como lo más plausible  de lo que se está viendo  por estos días en el manejo económico, la manera rotunda como la Superintendencia de Industria y Comercio viene reprimiendo las prácticas restrictivas y las colusiones abusivas de ciertos productores  y comercializadores contra los consumidores.

Recordemos que la Constitución de 1991 con buen criterio y originalidad conceptual, definió la libre competencia (es decir,  la prohibición  de acordarse para imponerle a los consumidores precios que no resulten de la sana competencia) no sólo como un “deber” de los empresarios, sino también como un “derecho” de los consumidores.

Y es lógico: nuestros mercados son pequeños y  el número de proveedores de ciertos bienes y servicios es a menudo limitado. Y por tanto el riesgo de la colusión  en contra de los consumidores es muy grande. Se requiere entonces que existe una autoridad antimonopolios muy  sólida, activa  y vigilante. Que es lo que afortunadamente estamos empezando a ver en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahí están las sanciones recientes contra el cartel de los pañales, contra el del papel higiénico, y en la semana que acaba de terminar contra las empresas de vigilancia, para demostrar que las cosas van en serio.

Pero, claro, falta aún mucho. En Colombia existe una larga tradición de los productores, según la cual, cuando no es bajo el paraguas de las gabelas y  las protecciones arancelarias estatales les encanta refugiarse en las prácticas monopólicas para extraer rentas indebidas a los consumidores y maximizar indebidamente sus utilidades.

La economía social de mercado, de la que habla nuestra Constitución, no es solo asunto de regalar subsidios y rodear de gabelas tributarias a los productores, sino también  de proteger a los consumidores. Y la mejor manera de hacerlo  es evitar que los desplumen los que producen bienes o servicios imponiéndoles precios abusivos que no resulten de la libre competencia sino de la cartelización.

Estoy seguro que si la Superintendencia sigue escarbando con la diligencia con que lo  viene haciendo va a encontrarse con otras muchas sorpresas.

Sería, por ejemplo, muy interesante, que la autoridad antimonopolios echara una mirada a lo que puede estar sucediendo en el campo de los precios de las semillas, en especial de aquellas certificadas  y transgénicas. La tendencia en la agricultura moderna es que la cantidad de este tipo de semillas siga aumentando como vía clave para mejorar la productividad y para avanzar hacia una agricultura más resistente a las plagas y al cambio climático.

Datos publicados esta semana, por ejemplo, dan cuenta que en el año pasado -en el mundo- 18 millones de cultivadores, en 28 países, sembraron 185,5 millones de hectáreas con semillas transgénicas. Y Colombia no es la excepción en esta tendencia que, como tal, es promisoria.

Pero, qué costos se le está imponiendo a los agricultores por estas semillas? Que tan transparente es el comportamiento de las grandes multinacionales de la biotecnología que manejan la oferta de estas semillas? Los precios  en el mercado de los transgénicos son el resultado de la libre competencia? O de acuerdos entre las empresas semilleras? La clave de la agricultura de un país como Colombia  depende en no pequeña medida de que el mercado de las semillas mejoradas y de calidad sea lo más transparente posible.

Ahí tiene la Superintendencia de Industria y Comercio un buen caso para investigar. Y los gremios de productores deberían prestarle una colaboración especialísima a la autoridad de control y vigilancia en esta materia. Hace un par de años denunciamos, por ejemplo, cómo la semilla transgénica del algodón había subido un 25% cuando la inflación nacional era menos de una quinta parte.

De casos como este está plagada la estructura productiva y del mercadeo en Colombia. Si no se controla, se falsea la  esencia de la economía de mercado. Y se termina olvidando el correcto sentido de la premisa constitucional, a saber: que la libre competencia no solo es un deber empresarial sino también, y ante todo, un derecho de los consumidores.