Vamos a ver si hoy se confirman los temores de que los anuncios del Gobierno para resolver los problemas del campo se quedan en eso, o si realmente se logra la estructuración de una política de producción agrícola de Estado.
En el encuentro de hoy se habla de encontrar las acciones para el desarrollo rural que eleve la calidad de vida en el campo con crecimiento de la productividad y mejores ingresos para los productores de la comida del país e incluso con miras a las exportaciones por aquello de, quien quita, los TLC traerían algún beneficio productivo.
Se habla, desde los inicios del paro y las protestas de diversos sectores, que buena parte de la culpa de todo el desastre es atribuible al libre comercio y las exenciones arancelarias para las importaciones, especialmente de productos alimenticios.
Los analistas argumentan que con el aumento de 95% en el ingreso desde Estados Unidos de toneladas de alimentos en este primer semestre de 2013, (algo que es controvertido por los defensores de los acuerdos) el desmonte de la protección a nuestros productores ha sido ruinosa y de mayor peso frente al abandono de los gobiernos a todos los productores del campo.
Pero es cierto que si los exportadores de Estados Unidos y la Unión Europea reciben más de US$200.000 millones en subsidios agrícolas anuales, al campesino colombiano le toca pasar aceite y morder el polvo porque está solo frente a los embates del clima, los problemas por enfermedades y plagas.
A nuestros productores les faltan recursos de créditos y carecen de incentivo porque deben competir sin ningún subsidio con cultivos protegidos que desde su siembra en el exterior gozan de la protección económica de esos gobiernos.
Además de los problemas de la cotización del dólar, la baja productividad en el campo ataca sensiblemente las cajas registradores de estos quijotescos empresarios que no pueden ofrecer mejores salarios para sus trabajadores.
La productividad bien lograda le permitiría a productores organizados generar mejores ingresos y empleos atractivos para atraer a los campesinos y evitar los cordones de miseria en la ciudad, pero nosotros todavía estamos entre pequeñas unidades de producción comunitaria que no pueden competir con grandes emporios de cultivos que además de que les rinde más el trabajo, gozan de protección del fisco en sus países que subsidia su producción desde la tierra.
Aunque suene impopular en estos tiempos de protestas generalizadas, los más de 10 TLC ya suscritos podrán ser los jalonadores de la productividad en el campo colombiano si el Gobierno adopta políticas de producción agrícola de verdad, sin empezar a entregar dinero o a ofrecerlo sin saber si le alcanza. Una política de producción agrícola es la salida, pero aunque sonamos pesimistas, estamos lejos de esa solución.
El campo debería estar en el radar para atraer grandes inversionistas y así aprovechar el potencial del país que cuenta con las tierras para una producción masiva que podría ofertarse en el mercado mundial. Pero ningún gobierno le pone el pecho a la brisa.
En cambio de esta visión futurista de éxitos y ganancias para la economía local, el abandono del campo por tantos años ya pasó su factura y cada día arrancar es más difícil y se necesitará más dinero, en medio de un escenario de competencia con los países desarrollados que ya están navegando sobre la cresta de la ola, entre otras con el apoyo económico de sus propios gobiernos.
Esperamos que hoy se logren avances significativos hacia la formalización de las unidades de producción con medidas para la educación y capacitación de los trabajadores del campo.
La adopción de medidas de apoyo para que se apliquen las nuevas tecnologías y haya innovación por fin el campo hará que este deje de ser la cenicienta de la economía colombiana y sea parte de la competitividad que el país necesita. Pero solo se logra con políticas eficientes de producción agrícola.
