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ANALISTAS Apropiarse de la descentralización para el postconflicto
martes, 20 de agosto de 2013
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Hace un par de  meses cuando celebramos los 25 años de la primera elección popular de alcaldes reseñé como oportuna esa fecha para destacar los avances que en Colombia ha tenido la descentralización, para revisar lo que aún pueden ser sus limitaciones y carencias, y en especial para intentar resignificar su valor de cara a los retos de construir regiones para el postconflicto.
 
Sin duda que la elección popular de autoridades locales y la descentralización que profundizamos con la Constitución de 1991 han implicado una “revolución silenciosa” que relegitimó las instituciones, que contribuyeron a superar la crisis de gobernabilidad local que sufría el país, reformas que abrieron el sistema político que estaba enquistado y con altos déficit de representación.
 
Pero a pesar del ímpetu inicial, la descentralización entró en el letargo durante varios lustros, y ha sido este Gobierno y desde el Interior como Ministerio de las Regiones el que ha complementado su arquitectura con la aprobación de importantes leyes que amplían las facultades y márgenes de gobernabilidad de los alcaldes y gobernadores.
 
Testimonio de ello ha sido la aprobación de una nueva Ley de Régimen Municipal, una nueva Ley de Régimen para los Distritos Especiales, la Ley que vigoriza las Áreas Metropolitanas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y, entre varias otras, la expedición de la Ley de Regalías que hizo más equitativa la distribución de estos recursos en el país. Si, por ejemplo, en 2011 solo 419 municipios recibían asignaciones directas de regalías, en 2013 un total de 1.046 municipios recibirán recursos de asignaciones específicas y 1.122 se verán beneficiados para amortizar su pasivo pensional, todo ello gracias a una Ley que además busca evitar los malos manejos del pasado y que imprime mayor planeación y coordinación para que los recursos tengan impacto social y regional.
 
Por si ello fuera poco, este Gobierno ha instituido la figura de los Contratos-Plan, por medio de los cuales la Nación delega algunas de sus competencias en departamentos o municipios para que juntos le apuesten a megaproyectos regionales.
 
No obstante, y pese a la consistencia de realizaciones como las comentadas, no es excepcional escuchar inconformidades por los resultados de la descentralización y los niveles de desarrollo local en el país. Al respecto, cabe señalar que la descentralización en sí tiene limitaciones y no puede sustituir los esfuerzos fiscales, de planeación, de transparencia y, en últimas, de buen gobierno que corresponde no solo al Gobierno Nacional, sino también a los departamentos y municipios.
 
En ese sentido, es conveniente resaltar  que construir regiones fuertes, departamentos y municipios robustos va mucho más allá de un tire y afloje entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, va más allá de una descentralización entendida como la solicitud permanente de mayores prerrogativas o recursos del nivel central.
 
Ni la forma de Estado ni las formas de organización territorial del Estado sustituyen el necesario y mancomunado trabajo entre el Gobierno central y sus departamentos y municipios, para que el desarrollo local de verdad funcione, para propiciar fenómenos de desarrollo comunitario, para generar empleo productivo, para que en últimas haya mayor iniciativa local, mayores oportunidades y para lograr la reducción de la pobreza.
 
Este es un empeño que debe estar acompañado por un mayor esfuerzo fiscal territorial, un esfuerzo que a la postre es una muestra de confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Un empeño que debe estar asociado también a un mejor uso de los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, a una mayor transparencia y rendición de cuentas, elementos transversales y vitales de la descentralización, y a una postura más activa de fiscalización y compromiso de la sociedad civil local, las universidades, gremios, cámaras de comercio, prensa y ciudadanos en general.
 
Esta es una forma de resignificar el valor y contenido de la descentralización, para relanzar la gobernabilidad territorial y, con el apoyo de los gobernadores y alcaldes, superar las carencias de los territorios donde están enclavadas las raíces de nuestra violencia.
 
Es esa la perspectiva para afrontar los retos del postconflicto, fase en la cual la paz va más allá de la ausencia de confrontación armada, en la que hay que hacer un gran esfuerzo de inversión para recomponer el tejido social en aquellas regiones más golpeadas por la violencia, para superar la precariedad económica y social, y el problema agrario, para la reintegración de los excombatientes y la generación de proyectos productivos a efectos de superar las causas de carácter socioeconómico que pudieron en algún momento justificar la confrontación.
 
Es además la óptica para construir una paz sostenible y duradera, pues la paz va a ser en los departamentos y pueblos de Colombia, la paz se va a hacer en las ciudades más afectadas por el conflicto, y la descentralización es un instrumento que va clave para realizar ese sueño.