Luego del “destape” campesino de hace una semana, comienza el ejercicio de las reflexiones, las cuales darán para todo, incluso como la oportunidad para que nuestros aspirantes al Congreso de la República presenten sus propuestas sobre cómo será su trabajo en favor de las regiones que dicen representar. Sin duda que tendrán que hacer un esfuerzo mayor que en el pasado para convencer a sus electores, o al menos eso se espera.
Uno de los puntos que con seguridad se va a plantear tiene que ver con las fuentes de financiamiento del llamado Pacto Nacional por el Agro, cuyo monto nadie lo ha calculado, pero que no deja de tener el vocablo de billones y que con absoluta certeza le descuadrará los datos fiscales al Ministro de Hacienda, quién desde antes del paro habló de la imposibilidad de asignar nuevas partidas, pero luego echó para atrás, al igual que el presidente Santos.
En ese orden, la Dian dirigida por uno de los tecnócratas más consagrados, un hijo del extinto y primer gerente del Banco de la República Francisco Ortega, ya ha mandado las primeras señales, en el sentido de que se requiere una reforma tributaria regional, que no se hace en Colombia desde la Ley 14 de 1983, en tiempos del gobierno de Belisario Betancur y que como cosa rara ha permanecido 30 años. A Belisario, el país también le debe ese gran respiradero de la democracia local que fue la elección popular de alcaldes, que junto con la mencionada Ley son expresiones de descentralización política y fiscal.
¿Debe hacer la Dian con sus funcionarios recaudadores esta reforma regional? La respuesta es un NO contundente y rotundo. Esos ajustes deben tener una visión moderna y no de alcabala. Por eso, tienen que salir de las mismas regiones y las cámaras de comercio deben jugar un papel de primera línea, dado su carácter cívico-gremial-regional. Que Manizales, Ibagué y Bogotá tengan gran agilidad para montar empresas, muy poco o nada tiene que ver el gobierno nacional. Es un esfuerzo local digno de destacar.
Las juntas directivas de las cámaras están integradas por empresarios que conocen la ruta del desarrollo económico y social de sus regiones y en sus juntas directivas tienen asiento representantes del gobierno nacional que se supone reciben la línea del centro, pero con criterios de la dinámica local. Luego, las regiones -vía cámaras- puede discutir el proyecto con el gobierno central, presentarlo al Congreso y también participar en los debates. En la Dian se tienen limitaciones conceptuales sobre cómo opera el predial o el ICA y sobre los fundamentos para que sirvan de estímulo el progreso y crecimiento económico territorial.
Hoy en el mundo el concepto de Estado Nación está en decadencia. Nadie cuestiona que desde el centro se maneje la política económica en sus vertientes monetaria, cambiaria y crediticia, pero la realidad local, en el mundo, se mueve distinto y aquí hay que empujar esa idea. Son las regiones las llamadas a promover la inversión nacional y extranjera en sus fronteras. China es un gran ejemplo, pero también lo es Japón y Francia. Vancouver, Hollywood, Los Ángeles y Houston son muestras en este sentido, a través de tarifas de impuestos locales diferenciales en función de sus vocaciones de desarrollo. Y el gobierno central no se les mete al rancho como pasa en Colombia. Y lo grave es que el centro no asume las responsabilidades que surgen de esas limitaciones, sino que deja a los gobiernos regionales, generalmente débiles, que la carguen.
Después de muchos años de discusión se impuso la idea de que las cámaras de comercio son entidades privadas cuya creación es autorizada por el gobierno, lo cual no les quita su carácter gremial pero si las convierte en instrumentos de descentralización por colaboración, están comprometidas con el desarrollo regional, con el progreso material y espiritual de las gentes y el mejoramiento de su condición de vida.
En esos términos, las Cámaras se pueden convertir en el instrumento ideal e idóneo para iniciar la “re-fundación” de un esquema que de a las regiones de nuestro país la capacidad de regir sus destinos. Y su participación decisiva en una reforma tributaria regional sería una señal de que Colombia no está regresando al centralismo asfixiante que lo controla todo, asigna las transferencias, reparte y elige los proyectos de las regalías y decide cuántas y en qué barrio se hacen las casas gratis.
