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El Fondo de Inversión Pública, que financia la nueva LIV, solicitó a un juez federal de California el martes por la noche que revocara la orden de un magistrado federal
El fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita afirmó que un fallo -que ordena a su jefe proporcionar información en una lucha antimonopolio entre LIV Golf y PGA Tour- es una "infracción extraordinaria" de la soberanía del reino.
El Fondo de Inversión Pública, que financia la nueva LIV, solicitó a un juez federal de California el martes por la noche que revocara la orden de un magistrado federal que concedió la solicitud de PGA de obligar al patrocinador de LIV y su gobernador, Yasir Al-Rumayyan, a testificar bajo juramento y presentar documentos.
PIF y Al-Rumayyan “son un instrumento soberano del Reino de Arabia Saudita y un ministro en ejercicio del gobierno saudita, y no pueden ser obligados a brindar testimonio y documentos en un procedimiento de EE.UU. a menos que su conducta, no la de LIV ni la de nadie más, sea verdaderamente el 'gravamen' del caso”, dijeron sus abogados en una presentación, refiriéndose a la esencia de un caso.
Un portavoz de PGA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la presentación.
La jueza federal Susan Van Keulen determinó en una orden del 17 de febrero que PIF participó activamente en las operaciones de LIV. Tal conducta equivale a actividades comerciales que están excluidas de la protección de inmunidad soberana bajo la ley estadounidense, dictaminó Van Keulen. Los abogados del fondo saudí de US$676.000 millones habían argumentado que la inmunidad soberana protege al fondo y a Al-Rumayyan de presentar pruebas en los tribunales estadounidenses.
La orden de Van Keulen “creó una excepción de actividad comercial genuinamente sin precedentes a la inmunidad del derecho consuetudinario aplicable a los funcionarios gubernamentales extranjeros”, dijeron los abogados del fondo en la presentación del martes. Además, reconoce que el fondo y su jefe violarían la ley saudita que salvaguarda la confidencialidad de ciertos documentos gubernamentales e impone multas a quienes proporcionen registros clasificados, dijeron.
PIF también solicitó a la jueza federal de distrito Beth Labson Freeman, que está supervisando la disputa, que detenga la recopilación de todas las pruebas hasta que se pronuncie sobre la impugnación de la orden de Van Keulen.
La PGA ha tratado de recopilar más material para respaldar sus afirmaciones de que LIV empujó ilegalmente a los jugadores a romper contratos con la gira estadounidense ofreciéndoles sumas exorbitantes de dinero.
La pelea entre las dos giras comenzó cuando 11 golfistas profesionales, incluidos Phil Mickelson, Talor Gooch y Matt Jones, demandaron a la PGA en agosto por suspenderlos después de firmar con LIV. LIV se unió a la demanda un mes después, lo que provocó que Mickelson, Gooch y otros se retiraran. LIV afirma que PGA es un monopolio que busca sabotear a un competidor en la industria del golf profesional.
PGA contrademandó, alegando que LIV está compitiendo deslealmente al atraer a jugadores con millones de dólares para incumplir sus contratos.
El caso es Jones v. PGA Tour Inc., 22-cv-04486, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Norte de California (San José).
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