En el espectro las reglas no son opcionales

La conectividad no se sostiene solo con antenas y fibra óptica. Se sostiene con reglas claras. Suena menos emocionante que hablar de 5G, pero es la verdad. Cuando un país apuesta por la transformación digital no solo invierte en tecnología, invierte en confianza. Y la confianza se construye cumpliendo.

En 2023 Colombia tomó una decisión estratégica, asignar bandas clave de espectro para acelerar nuevas tecnologías. Entre ellas, la banda de 3.500 MHz, esencial para el despliegue del 5G y para llevar conectividad de alta capacidad a más regiones.

Sí, ese es el reto, conectar territorios. Fue un proceso competitivo y verificable. El 20 de diciembre de ese año, se realizó la subasta y una empresa resultó adjudicataria de un bloque de 80 MHz con una oferta superior a $318.000 millones. No era solo una cifra, era un compromiso con el país.
En febrero de 2024 se otorgó el permiso por 20 años, con condiciones claras,obligaciones económicas, garantías y plazos definidos. Esas condiciones no son trámites, es el equilibrio entre el interés público y la operación privada.

Meses después, al vencerse los plazos para el primer pago y la presentación de la garantía, las obligaciones no se cumplieron. Ahí aparece la verdadera prueba institucional.
El Ministerio actuó como corresponde en un Estado de derecho. Abrió las actuaciones administrativas y ejerció su función de vigilancia. Porque asignar espectro no es solo entregar un permiso, es asegurar que se honre.

Durante el proceso se interpusieron recursos, como es legítimo. En segunda instancia se determinó que el procedimiento debía ajustarse para garantizar plenamente el debido proceso y se ordenó iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente.

Algunos lo interpretaron como debilidad. Yo lo veo distinto. Las instituciones fuertes no son las que insisten en un trámite equivocado. Son las que corrigen y continú dentro de la ley. Garantizar el debido proceso no es ceder, es demostrar que las reglas valen para todos.

Si queremos que Colombia sea un país de oportunidades, necesitamos seguridad jurídica. Pero también claridad porque las obligaciones no son optativas.

No se trata de un pulso con una empresa. Se trata de proteger un recurso público estratégico y de enviar un mensaje al sector. Competir es bienvenido, invertir es necesario, pero cumplir es indispensable.

La transformación digital se construye con decisiones estructurales. Administrar el espectro con rigor y transparencia es una de ellas.

En este contexto, es importante recordar que los procesos de asignación de espectro no solo implican derechos, sino responsabilidades claras desde el primer momento. Cada etapa, desde la subasta hasta el cumplimiento de las obligaciones económicas y jurídicas, está diseñada para garantizar que el recurso público cumpla su propósito social. Cuando una de esas etapas falla, no se afecta únicamente un contrato, se impacta la planeación del sector y la oportunidad de llevar conectividad a quienes más lo necesitan.

Por eso, más allá del caso puntual, este proceso deja una lección para todo el ecosistema digital, la transformación tecnológica requiere reglas estables, pero también actores comprometidos con su cumplimiento. Colombia seguirá avanzando en la asignación eficiente del espectro, promoviendo inversión y competencia, pero con una premisa inalterable, el desarrollo digital del país se construye sobre la confianza, y la confianza solo es posible cuando las reglas se respetan y se cumplen sin excepciones.

Cuando hablamos de conectar territorios hablamos de cerrar brechas y llevar señal donde nunca ha llegado. Pero cumplirle al país también implica ejercer control cuando corresponde. Ahora corresponde algo igual de sencillo y de importante a quienes participaron, que cumplan también.
Cuando las reglas se respetan, los territorios avanzan.