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Este compromiso lo venía trabajando el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, por medio de una circular el pasado mes de junio, la cual “contemplaba la implementación de operativos y controles en vía con sanciones para todos los sujetos de establecidos en el artículo nueve de la Ley 105 de 1993, que quebranten o faciliten la violación de las normas vigentes para la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros, incluyendo aquellos servicios que utilizan plataformas tecnológicas que no están habilitadas para la prestación del servicio público”, indicó un comunicado el Ministerio.
La cartera del Gobierno, en cabeza del viceministro de Transporte, Alejandro Maya, se reunió con el gremio de los taxistas, que es uno de los más perjudicados, para entablar el plan. Además, firmaron un acta en donde el gremio se comprometió a mejorar la prestación del servicio y a no realizar ningún cese de actividades.
Entre tanto, el Ministerio de Transporte se comprometió a “apoyar a las autoridades locales en la ejecución del plan de choque para el control de la ilegalidad en el transporte público individual de pasajeros y a mantener un diálogo permanente con los gremios del sector”.
Estudio de taxistas en la capital
Fenalco Bogotá hizo un sondeo entre conductores de taxi de la capital con el fin de identificar sus características, problemáticas y riesgos a los que se enfrentan diariamente.
Entre los principales hallazgos que encontró la federación, está que en promedio los taxistas de la ciudad llevan trabajando 10 años, algunos con una experiencia de un año o hasta 35 años.
Además, 24% de los taxistas conduce su propio vehículo, 67% maneja vehículo ajeno y tan sólo 9% trabaja por contrato.
En cuanto al salario, los conductores que fueron encuestados dijeron que un promedio de ingreso mensual estaba por el orden de $1,7 millones. Y dijeron que tenían problemas con las vías, Uber y la seguridad.
