La hora de las iniciativas privadas

Aún con la venta de la participación estatal en Isagen por $6,48 billones (apenas suficiente para unas cuantas concesiones de tercera ola), ya agotada la inversión sin precedentes de $50 billones de recursos públicos para las concesiones de 4G, el escenario de austeridad fiscal impone un cambio de modelo en el desarrollo y concepción de la infraestructura. 

Es el turno de las iniciativas privadas sin recursos públicos de jalonar la infraestructura del país a través de proyectos menos ambiciosos, estratégicamente ubicados y juiciosamente estructurados desde sus componentes técnicos, financieros y legales. 

Cabe recordar que la Ley 1508 de 2012, mediante la cual se implementaron formalmente las APP en el país, contempla en los artículos 19 y 20 algunos incentivos para el originador de proyectos de iniciativa privada sin recursos públicos, a saber: i) si ningún tercero manifiesta interés de ejecutar el proyecto o cumple las condiciones para ello, el proyecto se somete a contratación directa en las condiciones propuestas; ii) en caso de que se adelante un proceso de selección abreviada de menor cuantía por haber un tercero interesado, el proponente originador tiene derecho a mejorar la oferta del proponente mejor calificado y iii) si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato recibirá del adjudicatario el costo de los estudios realizados para la estructuración del proyecto. 

Además de las previsiones legales mencionadas que favorecen a los proponentes, resulta imperativo el fortalecimiento y ampliación de las fuentes de financiación disponibles. La experiencia latinoamericana de países como México y Chile -a la vanguardia en el desarrollo de infraestructura en Latinoamérica-, no solo obliga a los proponentes/concesionarios a contar con una sólida asesoría legal para garantizar el éxito de sus propuestas y contratos, sino también al sector estatal para renovar su marco normativo y al sector financiero para estructurar inteligentemente sus productos de crédito.

El incremento y creación de cargos directos a los usuarios de infraestructura nueva y la implementación de tributos dirigidos a la inversión en infraestructura desde el sector estatal han dado buenos resultados en esas latitudes. Impuestos a los vehículos nuevos, sobretasas a los combustibles y cobros directos por circulación en infraestructura nueva han sido empleados para engrosar el ingreso público con destinación directa a concesiones futuras. 

Así mismo, los esquemas de financiación deben acompasarse con las necesidades de liquidez y flujos que demandan las concesiones actuales. Combinaciones de sindicación, subordinación y titularización en el mercado nacional e internacional están sobre la mesa y requieren de sólidas estructuraciones legales y financieras. 

El objetivo general no es otro que el de favorecer en corto plazo a las iniciativas privadas sin recursos públicos hasta tanto la situación macroeconómica del país le dé un nuevo impulso a las iniciativas públicas. Muchas regiones del país aún aguardan nuevas olas de concesiones viales y la enajenación de recursos naturales o patrimonio público no será suficiente para mantener la locomotora de la infraestructura en marcha. Llegó la hora de las iniciativas privadas sin recursos públicos.