La hoja de ruta para los proyectos de infraestructura vial

Los conflictos con permisos mineros, los trámites de licenciamiento ambiental y los problemas en las redes de servicios públicos se quieren regular con el proyecto de ley de infraestructura, aprobado en primera vuelta.

Por unanimidad, la Plenaria de Senado aprobó la iniciativa, que ahora avanza a segundo debate.

Sin embargo, opositores de la medida aseguran que esta no deja de ser una colcha de retazos de leyes anteriores. Aunque el proyecto tiene cosas buenas, los actores quieren que se dé un salto importante en la normatividad, en cuanto a la forma de estructurar y ejecutar los proyectos de infraestructura del país. Cabe recordar que Colombia está rezagada en la calidad de las carreteras en comparación con otros países. En el último informe del Foro Económico Mundial 2012-2013, el país ocupa el puesto 126 entre 144 naciones, una posición inferior a México, Brasil y Argentina.

Analistas también aseguraron que este proyecto podría aumentar los costos a los contratistas pues el inicio de los problemas se traslada a ellos. Por ejemplo, en el artículo 7 se habla que “Las entidades públicas y las personas responsables de la planeación de los proyectos de infraestructura de transporte, deberán identificar durante la etapa de estructuración las redes de servicios públicos, la infraestructura de transporte de hidrocarburos y la infraestructura de telecomunicaciones existente. Para tales efectos deberán solicitar a las autoridades, entidades o empresas que tengan a su cargo estas actividades o servicios la información sobre los proyectos que se encuentren tanto en proceso de estructuración, como en el de construcción. En caso de existir superposición de proyectos, la Comisión de Infraestructura decidirá cuál prevalece”.

De igual manera, en el artículo 11 se avala un marco legal de los estudios que deberán tener las entidades al momento de contratar así: “El solicitante deberá presentar los estudios exclusivamente de conformidad con estos términos de referencia integrales, los cuales deberán ser de obligatorio cumplimiento”. Para los expertos, este documento no determina cuál es la fase en la que se debe adjudicar un proyecto, por lo que conlleva a continuar con la problemática en donde el Estado adjudica estudios en pre - factibilidad, traslada los riesgos a los contratistas y el proceso termina en los juzgados.

Otro fragmento que causa controversia es del artículo 13, sobre retoma de concesiones. En el mismo se dice que la entidad pública puede dar terminación de los contratos de manera unilateral, en donde las partes se someten a un panel de expertos para redimir al concesionario con una suma económica. La intención del Gobierno con este artículo es no repetir los errores anteriores.

Un cambio a destacar del articulado es el numeral 36, que soluciona en parte los problemas en los tiempos de licenciamiento ambiental. Actualmente, los términos están entre 18 meses o más. El proyecto integra la obligación de la autoridad ambiental de expedir los términos de referencia en 6 meses, los cambios menores deberán hacerse en 20 días y las modificaciones por nuevas fuentes de materiales tendrán que hacerse en 30 días.

La administración del actual presidente, Juan Manuel Santos, ha querido superar este problema, pues ha convocado expertos a analizar el atraso y ha puesto en marcha el plan de Cuarta Generación de Concesiones Viales y presentó el proyecto de Ley de Infraestructura. Pero la inversión en obras civiles para carreteras no arranca. En el primer trimestre de 2013, los desembolsos para la construcción de carreteras registraron un 1,4% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La discusión del proyecto
La votación del proyecto se vio envuelta por una polémica entre los avances de infraestructura del Gobierno actual y el de su antecesor Álvaro Uribe Vélez. El senador, Juan Carlos Vélez utilizó la palabra “carreteritas” para referirse a los proyectos del período de Juan Manuel Santos y la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, dijo que estas eran grandes autopistas.

Vélez también sostuvo solo se estaban aprobando inversiones y habló de que el Gobierno tenía que cumplir con la construcción de las Autopistas de la Montaña, así les hubieran cambiado el nombre a Autopistas de la Prosperidad. La Ministra aclaró que eran inversiones por $11 billones “algo nunca antes adjudicado por Gobiernos anteriores”.

En la Plenaria, la mayoría de intervenciones de los senadores fueron para resaltar las bondades del proyecto de ley. Incluso, hablaron de la buena redacción del documento y del avance que esto significaba para frenar el rezago que vive el país en materia de infraestructura. Ahora, el articulado tendrá que pasar el proceso en la Cámara de Representantes.

Las opiniones

Plinio Edilberto Olano Becerra
Senador
“Este proyecto pretende modificar regulatoriamente cada uno de esos problemas que se vienen presentando y que son una experiencia vívida de las administraciones”.

Cecilia Álvarez Correa
Ministra de Transporte
“El proyecto de ley es de suma importancia para el futuro de la infraestructura. Colombia tiene un rezago muy grande y estamos solo por encima de Bolivia en Latinoamérica”.

Aurelio Iragorri
Senador
“En mi calidad de ingeniero civil me siento muy cómodo con la ley. Sería importante que con la Sociedad Colombiana de Ingenieros se pudieran hacer estudios en conjunto”.