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Es por esta razón, que para el contrato de $800.000 millones, uno de los dos consorcios interesados pidió a la Procuraduría un acompañamiento.
El Consorcio Aguas del Salitre, conformado por la brasileña Odebrecht y la francesa OTV, fue quien decidió solicitar a la procuradora Fanny González, que acompañé y vigile la evaluación de las ofertas así como la adjudicación, ya que según el Consorcio el hecho de que el proceso se haga de forma confidencial hace que no se cumpla completamente con los principios de contratación estatal que están establecidos.
Según la CAR Cundinamarca, por tratarse de un proceso que es financiado por el Banco Mundial, y por ende, regido por sus normas, se ha negado a dar información sobre las propuestas y ha planteado que la adjudicación debe hacerse de esta manera.
En la carta, que el Consorcio envió a la Procuraduría, también se plantea que además del acompañamiento del proceso, sería necesario que pedir que la adjudicación se haga en una audiencia pública, ya que esto “brindará mayor transparencia al proceso, mucha más si se tiene en cuenta que en atención a lo establecido en los documentos de la licitación, como oferentes no tenemos posibilidad de conocer las propuestas presentadas por otros interesados (Consorcio Expansión Salitre), ni podemos formular observaciones dentro del proceso. Información que solo será pública después de que se adjudique, lo cual a todas luces puede ser considerado como una violación al principio de publicidad establecido por la Ley”.
