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German Umaña, ministro de Comercio
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La planta de Cementos Argos en el oeste de Venezuela fue confiscada en 2006, mientras que a Ciamsa se le expropió un ingenio azucarero en el estado venezolano de Táchira en 2010
El Gobierno socialista de Venezuela está discutiendo una indemnización con al menos dos empresas colombianas cuyos activos fueron confiscados durante el Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez.
El mayor fabricante de cemento de Colombia, Cementos Argos, está en conversaciones sobre la posible adquisición de una planta de cemento estatal cerca de la costa caribeña de Venezuela, según Germán Umaña, ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo.
Una filial expropiada de la exportadora de azúcar de Cali, Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles, Ciamsa, también está en negociaciones sobre una indemnización, informó Umaña.
Después de años de tensión, las relaciones entre los dos países mejoraron después que Gustavo Petro ganó la presidencia de Colombia en 2022 e inmediatamente restableció las relaciones y reabrió la frontera. Venezuela parece querer resolver estas disputas comerciales sin una batalla legal, dijo Umaña la semana pasada, en una entrevista desde su oficina en Bogotá.
Umaña, quien anteriormente presidió la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, dijo que había ayudado en las negociaciones.
Chávez ordenó cientos de expropiaciones durante su presidencia entre 1999 y 2013, desde ranchos ganaderos y fábricas de alimentos hasta estacionamientos y compañías de seguros, en línea con su visión socialista de aumentar el papel del Estado en la economía.
La planta de Cementos Argos en el oeste de Venezuela fue confiscada en 2006, mientras que a Ciamsa se le expropió un ingenio azucarero en el estado venezolano de Táchira en 2010.
Ahora, tras años de mala gestión, muchas de las empresas expropiadas están cerradas, inactivas u operando a una fracción de su capacidad. Con cientos de empresas estatales en quiebra y tratando de reactivar la economía del país, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha entregado el control de algunas a socios privados e incluso ha revertido algunas de las expropiaciones de la era chavista. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La adquisición por parte de Cementos Argos de una operación cerca de la costa venezolana podría facilitar las exportaciones a Estados Unidos. La compañía solicita una licencia estadounidense que le permitiría recibir el activo como pago del Gobierno de Maduro sin violar las sanciones, dijo una persona con conocimiento directo del acuerdo que no está autorizada a discutir los detalles públicamente.
Cementos Argos, que cotiza en el índice de referencia Colcap, controla el 35% del mercado colombiano de cemento, y recientemente también se convirtió en el cuarto mayor productor en EE.UU. después de combinar sus operaciones con Summit Materials este año.
La producción venezolana de cemento ha disminuido desde que Chávez tomó el control de prácticamente toda la industria a finales de la década de 2000. A diferencia de otras empresas extranjeras que operan en el sector, Cementos Argos nunca fue indemnizada, dijo el director financiero de la firma, Felipe Aristizábal, quien también confirmó las conversaciones.
Ciamsa no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios por escrito. Umaña no precisó si las negociaciones incluían retomar el control de la fábrica expropiada o de otro activo.
Los inversionistas colombianos se han mostrado cautos a la hora de regresar a Venezuela desde que mejoraron las relaciones. Umaña dijo que el Congreso colombiano debería aprobar un tratado bilateral de protección de inversiones en el primer semestre del año.
Umañan declaró que si se aprueba el tratado de protección de inversiones, dará seguridad porque va a haber tribunales internacionales de arbitraje para resolver los conflictos. Agregó que, por eso, muchos inversionistas colombianos están esperando la ratificación de ese tratado.
También espera que el comercio entre los dos países se duplique hasta alrededor de US$1.400 millones y US$1.500 millones este año, aunque sigue siendo un 75% inferior al máximo alcanzado en 2008.
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