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Los cambios son la señal más reciente de apertura política bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro
Los legisladores venezolanos dieron el primer paso para reformar una controvertida ley utilizada durante años para encarcelar a disidentes, como parte de los esfuerzos del gobierno interino por desmantelar algunas de las herramientas de represión impuestas por Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional aprobó preliminarmente el martes una reforma de la denominada “Ley contra el Odio”, utilizada por el gobierno para encarcelar a miles de personas acusadas de incitación al odio. La reforma sustituiría las penas de prisión por multas y servicios comunitarios, establecería definiciones y procedimientos administrativos más claros y eliminaría la revocación de licencias de medios de comunicación, según Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien presentó el proyecto.
Los cambios son la señal más reciente de apertura política bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero. Mientras su gobierno intensificaba la cooperación con Washington, liberó a cientos de presos políticos, flexibilizó las restricciones a los medios de comunicación independientes y permitió el regreso de algunos políticos y activistas exiliados.
La líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela a finales de octubre tras varios intentos fallidos. Representantes del gobierno y de la oposición, en tanto, mantienen conversaciones respaldadas por EE.UU. sobre reformas políticas y posibles elecciones.
Aun así, al 26 de octubre había 322 presos políticos en Venezuela, incluidos 140 miembros de las Fuerzas Armadas, según la organización de derechos humanos Foro Penal.
La reforma —rebautizada como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia— no llega a la derogación total que exigen el principal bloque opositor de Venezuela y organizaciones de derechos humanos, que desde hace tiempo describe la ley como una herramienta para reprimir la disidencia. La Plataforma Unitaria dijo a finales de septiembre que la legislación “debe ser derogada, no reformada”, después de que Rodríguez reconociera que se había “aplicado incorrectamente” y “utilizado de forma abusiva”.
Varios grupos de la oposición se abstuvieron de apoyar la reforma en la primera votación del martes y pidieron, en cambio, derogar la ley. “No basta con proponer sustituir las penas de prisión por multas”, dijo la diputada opositora Amelia Belisario durante el debate.
El proyecto de ley pasará ahora a consulta pública antes de volver a la Asamblea Nacional para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final.
La aprobación preliminar llega después de una tercera ronda de conversaciones respaldadas por EE.UU. entre el gobierno y representantes de la oposición, en las que la Ley contra el Odio fue uno de los temas tratados. Macario González, miembro de la delegación opositora, dijo en una entrevista el 16 de octubre que se esperaba que las conversaciones dieran resultados “muy positivos” en los próximos días.
Maduro propuso la ley original tras meses de protestas antigubernamentales que dejaron víctimas mortales en 2017, con el argumento de que era necesario para contrarrestar el odio avivado por la oposición y los medios de comunicación que buscaban socavar su gobierno. Rodríguez, que entonces presidió la Asamblea Constituyente que promulgó la ley, defendió la legislación en aquel momento.
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