Un caso de fraude bancario ensombrece al poderoso Tribunal Supremo de Brasil

El colapso de un pequeño pero políticamente conectado prestamista brasileño está arrastrando a la Corte Suprema del país a lo que se perfila como su crisis de credibilidad más grave desde el regreso de la democracia hace más de cuatro décadas.

Tras una investigación de meses sobre un presunto fraude financiero, el banco central liquidó Banco Master SA en noviembre, lo que causó conmoción en Brasilia. El director ejecutivo de la entidad, Daniel Vorcaro , había dedicado años a cultivar vínculos con poderosos políticos y funcionarios públicos de la capital, convirtiendo al banco en un referente en sus círculos políticos y empresariales. Si bien no se sabe con certeza cuántos políticos o líderes empresariales de alto rango podrían estar finalmente implicados, las consecuencias ya están afectando a las instituciones fundamentales de la república, desde el banco central hasta el Congreso.

Para el Tribunal Supremo, hay mucho en juego. Al menos dos de sus once jueces —Dias Toffoli y Alexandre de Moraes— han sido objeto de escrutinio por presuntos vínculos con el Banco Master, lo que coloca al propio tribunal en el centro de un escándalo cuyas raíces no se centran en el derecho constitucional ni en disputas electorales, sino en la supervisión bancaria y financiera.

La preocupación en el tribunal se ha agravado tanto que jueces y altos funcionarios han discutido en privado maneras poco convencionales de calmar la situación, incluyendo la posibilidad de persuadir a Toffoli para que se tome una licencia temporal por motivos de salud, según personas familiarizadas con las conversaciones que hablaron bajo condición de anonimato. La discusión fue reportada inicialmente por el periódico O Globo. Un portavoz de la Corte Suprema no respondió a una solicitud de comentarios.

El episodio llega en un momento especialmente delicado para un tribunal que ha sido un actor decisivo en prácticamente todas las grandes crisis políticas desde el retorno de Brasil a la democracia. Los jueces desempeñaron un papel crucial durante las investigaciones de corrupción del llamado Mensalao y la Operación Lava Jato, que culminaron con la condena y el encarcelamiento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2018, antes de que dichas sentencias fueran posteriormente revocadas. Más recientemente, el tribunal dirigió investigaciones sobre actos antidemocráticos y redes de desinformación durante el gobierno de Jair Bolsonaro , supervisando los procesos judiciales relacionados con los intentos de socavar el sistema electoral y los ataques del 8 de enero de 2023 contra las instituciones democráticas brasileñas.

Esas intervenciones siempre fueron polarizadoras, generando fuertes críticas de ambos bandos. Sin embargo, el caso del Banco Master conlleva un riesgo diferente: que el tribunal pierda la confianza pública por motivos ideológicos.

Este año, los brasileños se preparan para elegir dos tercios del Senado (la cámara responsable de iniciar los procedimientos de impeachment contra los jueces de la Corte Suprema), pero la controversia amenaza con exponer al tribunal a presiones que no ha enfrentado en décadas, lo que podría escalar a una crisis institucional en el corazón de la democracia brasileña durante un año electoral ya cargado.

La controversia se ha centrado en la decisión de Toffoli de someter la investigación del Banco Master a la jurisdicción de la Corte Suprema. Tras la conclusión de la investigación por parte del banco central y la transferencia de pruebas a la policía federal y a la fiscalía —lo que condujo al arresto y posterior liberación de Vorcaro bajo vigilancia electrónica—, Toffoli intervino tras los argumentos de los abogados defensores de que las acciones investigativas podrían implicar a personas con inmunidad parlamentaria.

Durante los registros relacionados con el caso, la policía incautó documentos en el domicilio de Vorcaro relacionados con una transacción inmobiliaria que involucraba a un legislador federal. Aunque el material no estaba directamente relacionado con el Banco Master, Toffoli dictaminó que su descubrimiento justificaba someter todas las futuras investigaciones a revisión previa de la Corte Suprema, lo que restringía drásticamente la autonomía de la fiscalía y la policía.

Su intervención se intensificó durante el periodo vacacional de fin de año, cuando convocó una inusual audiencia de confrontación en la que participaron Vorcaro; el exdirector ejecutivo del Banco de Brasilia , Paulo Henrique Costa, destituido tras el estallido del escándalo; y el director de supervisión del banco central, Ailton de Aquino . La audiencia se programó sin solicitud de la fiscalía ni de la policía, lo que llevó a la Fiscalía General de Brasil a desaconsejar formalmente la medida y puso de relieve lo inusual que se había vuelto la intervención del tribunal en un caso vinculado a la regulación financiera.

Toffoli también emitió una serie de órdenes que modificaban el manejo de las pruebas, en un momento dado sellando documentos y dispositivos electrónicos bajo custodia de la Corte Suprema, luego transfiriéndolos a la fiscalía y finalmente restringiendo el acceso a un pequeño grupo cuidadosamente seleccionado de peritos forenses de la policía federal. Acortó los plazos para los testimonios e impuso restricciones procesales adicionales que, según los investigadores, complicaron su trabajo.

El escrutinio se intensificó después de que el periódico Folha de S.Paulo revelara que fondos de inversión vinculados al Banco Master habían comprado acciones de un complejo hotelero en el sureño estado de Paraná, entonces propiedad de dos hermanos de Toffoli, una transacción en la que no ha sido acusado de participar pero que alimentó aún más las percepciones de conflicto.

Alexandre de Moraes, otro influyente juez, también se ha visto envuelto en la controversia. Informes del periódico O Globo han cuestionado los servicios legales prestados al Banco Master por un bufete vinculado a su esposa. El periódico también informó que Moraes presionó al presidente del banco central, Gabriel Galipolo, para que aprobara la propuesta de fusión del Banco Master con el Banco de Brasilia (BRB).

Las oficinas de Toffoli y Moraes no respondieron a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, Moraes reconoció haberse reunido con Galipolo y ejecutivos del banco, afirmando que las conversaciones se centraron en cuestiones relacionadas con las sanciones internacionales y no en el futuro de la entidad crediticia. A finales de 2025, declaró que el bufete de abogados de su esposa "nunca intervino ante el banco central en la transacción de adquisición de Master-BRB".

Tras bambalinas, el presidente de la Corte Suprema, Edson Fachin, regresó anticipadamente del receso judicial de la corte para intentar contener las tensiones. Si bien los desacuerdos internos entre los jueces son comunes, varias personas familiarizadas con el asunto afirmaron que aún no hay una salida clara a una crisis que amenaza cada vez más la reputación de la corte.

Bajo presión, Fachin emitió un comunicado defendiendo las recientes decisiones de Toffoli y diciendo que “las situaciones con impacto directo sobre el sistema financiero nacional exigen una respuesta firme y coordinada de las instituciones relevantes”, que incluye al máximo tribunal.

El personal judicial considera improbable que Toffoli ceda voluntariamente el control del caso o se retire de la magistratura. Aun así, algunos creen que una retirada temporal, posiblemente justificada por motivos de salud tras su ausencia en varias sesiones presenciales recientes, sigue siendo una de las pocas opciones restantes para aliviar la creciente presión sobre el máximo tribunal de Brasil.