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Donald Trump, presidente de Estados Unidos
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Trump ordenó en febrero a las agencias federales que "emprendieran sin demora los preparativos para iniciar reducciones de plantilla a gran escala"
El gobierno de Donald Trump pidió el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que frene una orden judicial que bloquea los recortes masivos de empleos y la reestructuración de agencias, en el marco de la campaña del presidente republicano para reducir y remodelar el gobierno federal.
La petición del Departamento de Justicia se produjo después de que la jueza de distrito Susan Illston, con sede en San Francisco, bloqueará los despidos federales a gran escala, conocidos como "reducciones de plantilla", en una sentencia del 22 de mayo en la que se puso del lado de un grupo de sindicatos, grupos sin ánimo de lucro y gobiernos locales.
El caso afecta a los Departamentos de Agricultura, Comercio, Salud y Servicios Humanos, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos, entre otros.
Trump ordenó en febrero a las agencias federales que "emprendieran sin demora los preparativos para iniciar reducciones de plantilla a gran escala" como parte de los planes de reestructuración de su administración.
Illston escribió en su fallo que Trump se excedió en su autoridad al ordenar la reducción de personal. "Como demuestra la historia, el presidente puede reestructurar ampliamente las agencias federales sólo cuando lo autoriza el Congreso", indicó.
El 9 de mayo, Illston impidió inicialmente que una veintena de agencias realizaran despidos masivos durante dos semanas y ordenó la reincorporación de los trabajadores que habían perdido su empleo. En su sentencia del 22 de mayo mantuvo la mayor parte de esas medidas.
El 30 de mayo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, denegó en un fallo de 2-1 la solicitud de la administración Trump de detener el fallo de la jueza.
"La orden ejecutiva en cuestión aquí excede con mucho los poderes de supervisión del presidente en virtud de la Constitución", escribió esta corte, calificando las acciones de la administración como "un intento de reestructuración sin precedentes del gobierno federal y sus operaciones".
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