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La Cámara de Diputados de Argentina
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Luego de que fracasó el intento para interpelar a Adorni, el oficialismo consiguió aprobar acuerdos para cerrar litigios del default y convenios internacionales y, con lo justo, le dio “media sanción” al proyecto para traer grandes inversiones tecnológicas
La Cámara de Diputados aprobó los acuerdos internacionales con los holdouts con 139 votos a favor y 97 negativos y el proyecto de “Súper RIGI” con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.
Con esta sesión, el oficialismo festeja que consiguió dejar atrás la parálisis legislativa que vivían por el escándalo que involucra el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La maniobra se logró dado que La Libertad Avanza tuvo que ceder a convocar a comisiones y, luego, modificaron la citación para agregar la firma de dictamen para la semana que viene, a pedido de los aliados.
La iniciativa apunta a proyectos que aún no tienen desarrollo en la Argentina o que se encuentran en etapas experimentales, con la intención de posicionar al país como un polo atractivo para industrias de alto valor agregado.
La nueva versión del RIGI obtuvo el respaldo del oficialismo, los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).
El tema no quedó ajeno a la discusión durante la jornada en el recinto, de todos modos, ya que la oposición volvió a poner el tema sobre la mesa para exponer a los aliados que no quisieron dar quórum en la sesión del martes
Mediante distintas mociones, se votó un apartamiento de reglamento incitado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, para emplazar las comisiones para dictaminar los pedidos de interpelación y moción de censura -pese a que la convocatoria ya se había resuelto.
“Hoy quedó confirmado lo que advertimos desde el primer día: no estaban los votos para aprobar el apartamiento de reglamento y forzar la interpelación sin pasar por comisión. Fueron 122 votos a favor y 108 en contra, lejos de los necesarios“, esbozó el PRO.
En ese sentido, salieron a defender por qué se plegaron al oficialismo para bloquear la sesión del 23. “Mientras algunos apostaban a la puesta en escena, nosotros logramos que la Comisión de Asuntos Constitucionales se convoque para el próximo martes con todos los expedientes en temario”, dijeron.
La propuesta, aprobada con los votos justos, establece un piso de inversión de US$1.000 millones y ofrece una batería de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de hasta 30 años. Entre otras ventajas, contempla una reducción de la carga tributaria sobre las ganancias, mecanismos de amortización acelerada para inversiones, exenciones arancelarias y una progresiva liberalización del acceso a las divisas generadas por exportaciones.
El proyecto llega al recinto con el respaldo del oficialismo, sectores de la UCR e Innovación Federal, luego de haber obtenido dictamen favorable en un amplio plenario de comisiones. La expectativa del Gobierno es lograr una aprobación que consolide una de sus principales apuestas para promover inversiones de gran escala.
Además, los diputados aprobaron una serie de acuerdos internacionales vinculados a materia tributaria, previsional y de cooperación, entre ellos convenios para evitar la doble imposición con Francia, acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino, y un entendimiento con Italia destinado a combatir la pesca ilegal.
Con esta aprobación de Diputados el Gobierno consiguió cerrar de un frente judicial histórico. Con la previa aprobación del Senado, este miércoles Diputados finalmente sancionó un acuerdo para pagarle US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor Value Master Fund, acreedores que arrastran sentencias firmes por el default de 2001.
La ingeniería financiera oficial, defendida en el Congreso por los lineamientos del Palacio de Hacienda y la Procuración del Tesoro, logró pactar quitas de entre 30% y 35% sobre los montos originales a cambio de la devolución de los títulos y la extinción definitiva de las demandas, neutralizando así los intentos de estos fondos por activar acciones de discovery y embargar activos estratégicos como las acciones de YPF.
La resolución de este conflicto no es un hecho aislado, sino la llave que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el ordenamiento del resto de los pasivos en el exterior.
En los despachos oficiales ya se preparan para el “frente que sigue”: los tenedores de cupones PBI en euros, liderados por Palladian Partners, quienes cuentan con un fallo adverso para el país por US$1800 millones en el Reino Unido.
La letra chica de la ley prevé un sistema financiero blindado denominado DVP (Delivery Versus Paymento Entrega contra Pago), un formato internacional donde la transferencia de los fondos y la entrega de los bonos en default se realizan de manera simultánea.
Con esto, el Estado se asegura de que el dinero no se libere hasta que los títulos originales vuelvan a manos argentinas y queden cancelados, anulando cualquier posibilidad de un nuevo reclamo legal.
Se trataba de una prioridad en la agenda legislativa ya que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, homologó estos acuerdos a principios de año y, tras una prórroga, fijó como fecha límite el próximo martes 30 de junio.
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