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La defensa de Glas calificó el traslado como “un acto de humillación institucional” y denunció que la difusión de su imagen habrían vulnerado garantías mínimas de dignidad humana
Este lunes, el expresidente y exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena. Las imágenes del desplazamiento, en las que aparece vistiendo uniforme naranja y bajo un dispositivo de fuerte custodia, fueron difundidas por el gobierno a través de las redes sociales.
El presidente Daniel Noboa acompañó estas publicaciones con el mensaje: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, anunciando que junto a Glas fueron reubicados unos 300 reos considerados de alta peligrosidad.
La defensa de Glas calificó el traslado como “un acto de humillación institucional” y denunció que la difusión de su imagen y la publicación de expresiones de escarnio habrían vulnerado garantías mínimas de dignidad humana. La abogada recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares para su cliente, que incluían la protección de su salud e integridad. Además, denunció que el mecanismo del cambio de prisión se realizó sin notificación formal a su representación legal.
El nuevo penal, identificado como la “Cárcel del Encuentro”, forma parte de una estrategia del gobierno para reordenar el sistema carcelario, reubicar a los reclusos más peligrosos y reducir el poder de las bandas al interior de los centros de detención. El anuncio surge en un contexto de crisis en el sistema penitenciario, con hacinamiento y frecuentes motines que han dejado víctimas y cuestionamientos sobre el control estatal.
Con esta acción, el gobierno ecuatoriano marca un giro en la gestión del régimen carcelario, que hasta ahora había sido objeto de críticas por falta de eficacia en el control de grupos criminales que operan desde la prisión. La reubicación de Glas y otros internos forma parte de una política de mano dura que busca mostrar un cambio de rumbo, aunque el episodio también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad, derechos humanos y transparencia institucional.
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