Subida salarial de 5% para funcionarios españoles busca aprobarse antes de elecciones

El Gobierno se reúne con los sindicatos representantes de los empleados públicos para explorar la posibilidad de aprobar la revalorización antes de las generales del 29 de noviembre. A comienzos de año se debería aprobar 0,5% extra de 2026 por el IPC y el aumento anual de 4,5%.

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Si el Gobierno ya ha confirmado que subirá el salario mínimo interprofesional a 2,5 millones de trabajadores antes de que se celebren las elecciones generales del 29 de noviembre y que revalorizará las pensiones de los 9,5 millones de beneficiarios antes de final de año (aunque sea en funciones tras los comicios), el Ejecutivo explora también la posibilidad de aprobar la subida de sueldo para funcionarios y el resto de los empleados públicos, un colectivo de 3,5 millones de trabajadores entre la Administración Central, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Después de que el ministro de Función Pública, Óscar López, recogiera el guante de las reclamaciones de los sindicatos de empleados públicos asegurando que hará "todo lo posible" para sacar adelante la subida salarial pactada con las organizaciones representantes de los funcionarios a finales de noviembre de 2025, hace ahora casi un año.

Fuentes de Csif, el sindicato principal entre el colectivo, confirman a Expansión que tratarán de acelerar las dos subidas de la senda acordada que tienen efectos a comienzos de 2027.

Por un lado estaría 0,5% adicional a la subida de 1,5% de 2026, que en virtud al pacto se debería de aprobar en los tres primeros meses del próximo año con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026 siempre y cuando el IPC medio de este año rebase ese 1,5% de revalorización.

Teniendo en cuenta que la presión de los precios va in crescendo, y que los principales institutos de análisis proyectan que la inflación media para el conjunto del año será de entre 3,6% y 3,7%, la 'paguilla' estaría asegurada.

Sin embargo, la presa mayor que tratan de asegurar los funcionarios es la subida prevista para el año 2027: 4,5%. Prácticamente la mitad del conjunto de la revalorización para el trienio 2026-2028, de 11% (contando con 2% que estaría pendiente en 2028). Esta subida, más allá, incluso serviría para garantizar que el colectivo mantiene el poder adquisitivo después del repunte de precios de este año.

Fuentes del Gobierno consultadas por Expansión apuntan que no existe objeto de negociación sobre la senda salarial ya pactada con los sindicatos -que fue rubricada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-. Mientras que los sindicatos sí reconocen la necesidad de acelerar los trabajos para consagrar las revalorizaciones.

Históricamente, la subida de sueldo a los funcionarios se ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Anómalamente, el actual Ejecutivo ha desgajado las revalorizaciones aplicadas de las Cuentas ya que están prorrogadas desde 2023. Es decir, ante la ausencia de unos Presupuestos, el Gobierno en funciones tras el 29 de noviembre o el nuevo que resulte de las urnas debería de aprobar la subida al margen si se pretende efectuar en plazo. Es decir, para que esté en vigor en enero de 2027.

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El sindicato Csif ha exigido al Gobierno que apruebe mediante real decreto en la Diputación Permanente, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, la subida salarial de 4,5% fijada para 2027 en el Acuerdo Marco suscrito a finales de 2025 (y 0,5% adicional de 2026). Esta reclamación -a la que también se suma Ccoo de cara a la reunión de la comisión de seguimiento convocada por el Ministerio de Función Pública- incluye además la actualización de las indemnizaciones por residencia, la equiparación salarial entre administraciones, el refuerzo de los servicios públicos y la recuperación de la estructura retributiva previa a los recortes sufridos desde 2010.

El desembolso conjunto para las arcas públicas ascenderá a US$11.222 millones. Por una parte, la aplicación de 0,5% extra y retroactivo de 2026 sobre las nóminas de los 3,6 millones de empleados públicos (activado por la desviación de la inflación) supondrá un coste de US$1.122 millones; por otra, el incremento pactado de 4,5% fijado para 2027 conllevará un gasto adicional de US$10.099 millones, sumando entre ambas medidas una factura agregada de diez mil millones de euros para la actualización salarial de los funcionarios.