Sepa quiénes ganan y quiénes pierden con el acuerdo por YPF

Nunca lo admitirán, pero ni siquiera los colaboradores más cercanos a Miguel Galuccio que acompañaron la decisión de declarar públicamente que antes de fin de año el conflicto abierto con Repsol por la expropiación de YPF estaría resuelto.

La meta -advertían-, anunciada en octubre a medios españoles, colocaba la vara demasiado alta. En rigor, ese descreimiento representaba al de la gran mayoría del empresariado petrolero local, que se mostraba escéptico a la hora de vaticinar una eventual solución al diferendo. Más cuando los mensajes enviados desde Buenos Aires y Madrid, discordantes en el tono y sobre todo en el contenido, erosionaban la confianza.

Es que mientras el Gobierno argentino filtraba que el Tribunal de Tasaciones fijaría una compensación a Repsol nunca mayor a los US$ 1.500 millones, muy lejos de la suma exigida por Antonio Brufau, presidente de la petrolera ibérica, desde Madrid contestaban, hasta hace apenas dos semanas, que estaban terminando de pulir los detalles de una demanda en el Ciadi contra la Argentina por alrededor de US$20.000 millones.

El giro paradigmático del Gobierno a partir de la vuelta de la presidenta Cristina Kirchner a funciones ejecutivas -apuntalado por la incipiente pero clara intención de reconstruir los puentes con los mercados financieros internacionales para frenar la hemorragia de reservas del BCRA- terminó, sin embargo, de darle impulso a la estrategia que el presidente de YPF venía tejiendo desde hace más de un año.

Entretelones del acuerdo

El acuerdo aprobado el miércoles en Madrid por el Consejo de Administración de Repsol es el resultado de un proceso de negociaciones que comenzó a tomar forma a fines de 2012, cuando la presidenta cenó en Olivos con Isidro Fainé, titular de Caixabank, primer accionista de la petrolera española y uno de los retadores de Brufau en el seno del directorio de la empresa.

Tras ese primer encuentro, en el que la mandataria manifestó su intención de llegar a un armisticio negociado, la historia sumó un nuevo capítulo en mayo pasado cuando en México se reunieron, en el más estricto secreto, Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia; Axel Kicillof, flamante ministro de Economía, y el propio Galuccio, con Emilio Lozoya Austin, presidente de Pemex, petrolera estatal de ese país, que posee 9,4% de Repsol, y Enrique Peña Nieto, presidente de la nación azteca.

Durante el cónclave se acordó que Pemex oficie de nexo para acercar una primera oferta de la Casa Rosada a Brufau, que contemplaba la creación de una empresa mixta para explotar Vaca Muerta. Como esa iniciativa no prosperó, la petrolera mexicana, con el respaldo de Peña Nieto, lanzó una ofensiva mediática contra Repsol que estuvo alineada con los intereses del gobierno argentino. Lozoya Austin incluso cargó contra Brufau al cuestionar su desempeño como CEO de la compañía ibérica.

La resolución del conflicto se aceleró en las últimas semanas, al calor de los cambios en el área económica y en la Jefatura de Gabinete, donde desembarcó Jorge Capitanich. La opción de compensar a Repsol a través de bonos soberanos se impuso por decantación: frente a la aceleración de la fuga de divisas -en 2013 el BCRA perdió depósitos por US$15.000 millones-, sólo quedó la opción de pagar con títulos de deuda.

¿Por qué ahora y no 20 meses atrás, cuando se expropió YPF? La respuesta está ligada a la redefinición de algunos pilares de la política económica. Es que el interdicto con Repsol no sólo complica la llegada de inversiones extranjeras para revitalizar la oferta de crudo y gas, que cae de forma ininterrumpida desde 2005 y es la causa madre del déficit energético, que este año le costará al país más de US$13.000 millones. También se convirtió en un nudo gordiano que atenta contra el plan de captar créditos blandos en el exterior para solventar obras de infraestructura por más de US$15.000 millones, la estrategia delineada por el Ejecutivo para alentar el ingreso de divisas.

Quién ganó y quién perdió

Por eso, lo más probable es que Galuccio, fortalecido por este espaldarazo, adquiera todavía más protagonismo en lo sucesivo. El ingeniero entrerriano, que en los últimos meses acentuó su injerencia en la gestión energética, aspira a cerrar nuevas asociaciones con inversores, fundamentalmente para desarrollar Vaca Muerta, la formación de la cuenca Neuquina que es sindicada como un megayacimiento no convencional de hidrocarburos.

Kicillof es el otro funcionario que apunta a capitalizar el acuerdo. El narrador de esta historia guardó para él un papel multifacético, dado que modificó su rol de manera radical en función de los objetivos de Gobierno. Durante el proceso de expropiación, lideró la durísima ofensiva retórica contra la petrolera española. Su denuncia contra Brufau por el presunto vaciamiento de la compañía y la belicosidad de sus frases -"no vamos a pagarles un peso"- todavía están latentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, apañado por el aura positiva que rodea la noticia y empoderado por su ascenso como titular del Palacio de Hacienda, el economista cercano a La Cámpora fue erigido por la Casa Rosada como el responsable de que las negociaciones llegaran a buen puerto. Incluso declaró que a Repsol le corresponde una compensación porque así lo marca la ley, a contramano de lo que promulgaba un año y medio atrás.

Hombre fuerte de Economía con la salida de Guillermo Moreno y con ascendencia directa sobre la cartera de Energía -es titular de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas-, lo cierto es que Kicillof ofició durante los últimos meses como controller de las tratativas con Madrid vía México, cuya letra chica definieron, en mayor medida, Galuccio y en segundo lugar, Zannini. A pesar de eso, el desenlace del conflicto encuentra al poderoso secretario Legal y Técnico sumido en su inalterable perfil bajo, aunque algunas voces cercanas a la Rosada advierten que, lejos de poder capitalizar el logro, el funcionario quedó algo relegado en la consideración de la Presidenta a manos del tándem Capitanich-Kicillof.

La etapa post-Repsol que comienza a transitarse parece no tener entre sus protagonistas destacados a Julio De Vido, ministro de Planificación, que mantuvo a voluntad el control de los temas energéticos hasta fines de 2011. Relegado de tradicionales usinas de poder como Cammesa, la administradora del mercado eléctrico, y de Enarsa, la empresa estatal de energía, el santacruceño y sus colaboradores, los primeros en desembarcar en las oficinas de Puerto Madero en la tarde del 16 de abril, cuando se anunció la intervención de YPF, ni siquiera participaron de la reunión del lunes en Buenos Aires con delegados españoles (de Repsol, Caixabank y del gobierno) y mexicanos.

Inversores se buscan

La captación de nuevos inversores correrá por cuenta de lo que pueda hacer Galuccio al frente de YPF. En lo que puede ser considerada como una intervención fundacional de la nueva visión del Gobierno, Cristina Kirchner advirtió en su reaparición que la petrolera bajo control estatal "se asociará con quien se tenga que asociar, porque para recuperar la soberanía energética se precisan capitales muy importantes que lamentablemente no están en la Argentina". "Y si están, quienes lo tienen, no quieren invertir", cuestionó.

Al calor de un pragmatismo extremo, la Presidenta desactivó, de ese modo, el relato montado sobre la exaltación del Estado como principal motor de las inversiones en materia energética y denunciante de las malas prácticas del capital privado en el sector. Si antes, desde la óptica oficial, las petroleras eran responsables por la falta de energía, hoy, en cambio, la atracción de inversores del exterior -el caso de Chevron es el mejor ejemplo- se transformó en un objetivo prioritario. Esa necesidad esconde una realidad implícita: el mayor poder de negociación que adquirieron las productoras de hidrocarburos para exigir -y lograr- mejores condiciones de inversión. No es casual que en los últimos dos años el precio interno del crudo se haya incrementado 30% y el Ejecutivo haya empezado a permitir mejores valores para el gas en boca de pozo.

Con esos alicientes, en YPF esperan, a partir de ahora, que lograr eventuales acuerdos de inversión sea mucho más sencillo. Tras la expropiación, Galuccio mantuvo reuniones con sus pares de petroleras de calibre internacional como ExxonMobil, la noruega Statoil y la rusa Gazprom, en busca de forjar asociaciones para desarrollar determinados activos, en especial las formaciones shale de Neuquén, que demandan ingentes desembolsos. El frente judicial inconcluso con Repsol -así como también falencias de la macroeconomía, como el cepo, la inflación y la imposibilidad de girar utilidades al exterior- atentó contra esa meta.

Recomposición

Allegados a Galuccio señalan que ahora se inaugura una nueva etapa y que se apuntará a reflotar esas negociaciones. También suman a Pemex a la lista de posibles inversores en Vaca Muerta. Desde México, en cambio, advierten que la fragilidad de las finanzas de Petróleos Mexicanos no viabilizan una excursión exterior. La deuda de la empresa con proveedores de servicios como Schlumberger, Weatherford y Halliburton, por ejemplo, supera los US$1.200 millones. La petrolera está impulsando, de hecho, la mayor reforma energética de México para permitir el ingreso de capitales privados al sector petrolero, a fin de explotar sus recursos hidrocarburíferos offshore y los campos de shale gas en la cuenca de Burgos. "Sería raro que, mientras reduce sus desembolsos en el país por falta de fondos, se lance de manera agresiva a aumentar su presencia en el exterior", analiza un empresario mexicano.

Resta saber, además, qué decisión tomará Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que controla 8,4% de YPF. En las últimas semanas, trascendió que el titular de Grupo Financiero Inbursa concretaría una oferta para comprar un porcentaje de Repsol -la difusión de la versión, que de concretarse resquebrajaría el poder de Brufau en el directorio, fue funcional a los intereses de YPF-, pero desde el holding de Slim lo negaron. Aún así, las fuentes consultadas no descartan que el dueño de la telefónica Claro aproveche la apertura mexicana para convertirse en un operador petrolero en ese país. Con todo, la Casa Rosada está en deuda con Lozoya Austin y con el gobierno de Peña Nieto, por lo que no sería extraño que Pemex ingrese como socio en algún área de Vaca Muerta.

CFK agradeció también la intervención del gobierno de Mariano Rajoy, que instruyó a su ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, para que avale la oferta argentina. La recomposición de la agenda con Madrid incluye varios temas. El más urgente, quizás, es resolver la situación de las exportaciones argentinas de biodiésel, perjudicadas por la decisión de España de endurecer los aranceles a la importación del biocombustible.

El alto de las hostilidades entre la Argentina y España es un elemento que no estaba en los planes de Brufau, al menos no para este momento. Es un hecho político en sí mismo que fuera Isidro Fainé, vice de Repsol y timonel de Caixabank, quien firmara el pacto en Buenos Aires. Enfrentado desde hace tiempo con Brufau, es probable que Fainé aspire a desplazar al catalán cuando el acuerdo sea oficial.