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Blinken también criticó la disposición de Xi a recibir a Putin a pesar de la orden de detención contra el dirigente ruso
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que el "mundo no debe dejarse engañar" por un posible plan de paz chino-ruso para Ucrania que "congelaría" en su lugar el territorio tomado por las fuerzas rusas.
"El elemento fundamental de cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania y producir una paz justa y duradera debe ser el mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", dijo Blinken el lunes, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, daba la bienvenida al presidente de China, Xi Jinping, para una visita de tres días a Moscú que subraya el apoyo de Pekín.
Putin expresó su disposición a discutir el plan de China para poner fin a la guerra en Ucrania, pero Blinken dijo que cualquier plan que no restaure el territorio incautado por Rusia es "una táctica dilatoria en el mejor de los casos".
En la presentación del informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, Blinken también criticó la disposición de Xi a recibir a Putin a pesar de la orden de detención contra el dirigente ruso dictada la semana pasada por el Tribunal Penal Internacional.
Estas son algunas de las evaluaciones ofrecidas en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, que ofreció evaluaciones contundentes tanto de aliados como de adversarios:
Blinken afirmó que Estados Unidos ha determinado que ambas partes cometieron atrocidades durante el conflicto en el norte de Etiopía, que se detuvo mediante un acuerdo de cese de hostilidades el 2 de noviembre.
El secretario, que se reunió la semana pasada en Addis Abeba con el gobierno etíope y los líderes del Frente de Liberación del Pueblo Tigray, elogió el cese de la violencia y la mejora de las condiciones humanitarias, pero dijo que "para construir una paz duradera, debe haber un reconocimiento de las atrocidades cometidas por todas las partes, así como la rendición de cuentas, junto con la reconciliación."
El Departamento de Estado concluyó que en 2022 el gobierno indio o sus agentes llevaron a cabo detenciones, encarcelamientos y homicidios arbitrarios; practicaron la tortura o el trato cruel e inhumano de presos; y no investigaron la violencia de género ni exigieron responsabilidades a sus autores.
El informe, que se hacía eco de conclusiones anteriores, también afirmaba que India había restringido u hostigado indebidamente a la prensa y a las organizaciones de derechos humanos.
"Persistió la falta de rendición de cuentas por mala conducta oficial en todos los niveles de gobierno, lo que contribuyó a la impunidad generalizada", según el informe. "La laxitud en la aplicación de la ley, la escasez de agentes de policía capacitados y un sistema judicial sobrecargado y con escasos recursos contribuyeron al bajo número de condenas".
El Departamento de Estado ofreció una evaluación familiar de Arabia Saudí, un socio clave de Estados Unidos en Oriente Medio que ha visto cómo su relación se tensaba a causa de los derechos humanos. En 2022, el reino practicó detenciones y homicidios arbitrarios, torturas y represión transnacional, y cometió violaciones en tiempo de guerra con ataques aéreos contra civiles.
El informe criticaba duramente a Israel, un estrecho aliado. Entre otros abusos, citaba informes creíbles de "homicidios ilegítimos o arbitrarios; detenciones arbitrarias o injustas, incluidas las de palestinos en Israel y los territorios ocupados; restricciones a palestinos residentes en Jerusalén, incluidas injerencias arbitrarias o ilegítimas en la intimidad, la familia y el hogar".
Afirmó que "los sistemas de justicia militar y civil israelíes rara vez han declarado que miembros de las fuerzas de seguridad hayan cometido abusos". Pero afirmó que el gobierno "tomó algunas medidas para identificar, investigar, procesar y castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, participaron en actos de corrupción o ambas cosas dentro de Israel."
El Departamento de Estado concluyó que Turquía, aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y principal socio en materia de seguridad, ha seguido violando los derechos humanos, en particular bajo la autoridad de una ley antiterrorista de 2018.
El informe citó informes creíbles de arrestos, detenciones y asesinatos arbitrarios; falta de independencia judicial; y restricciones a la libertad de movimiento y expresión, entre otras violaciones.
El informe estadounidense hace referencia reiterada a la impunidad de los abusos cometidos por funcionarios del gobierno turco y miembros de las fuerzas de seguridad del país.
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