S&P rebaja perspectiva de Panamá a "negativa" por riesgos a confianza y crecimiento

S&P Global Ratings rebajó el martes su perspectiva para Panamá a "negativa", desde la previa "estable", citando riesgos potenciales para la confianza de los inversores y para el crecimiento económico generados por los recientes disturbios.

El país se ha visto agitado en las últimas semanas por extendidas protestas, en respuesta a un contrato recientemente aprobado para extender por al menos dos décadas la vida útil de una polémica mina de cobre de la canadiense First Quantum, que han incluido bloqueos de carreteras, causando perturbaciones y escasez de ciertos suministros.

La correduría espera un crecimiento medio del Producto Interior Bruto de Panamá en los próximos años del 4,4%, respaldado por una economía diversificada y una sólida cartera de proyectos del sector público y privado.

Pero, "la incertidumbre generada por estos acontecimientos podría plantear riesgos para las aún favorables perspectivas de crecimiento del PIB a medio plazo del país, debilitando potencialmente su resistencia económica", dijo la nota de S&P, apuntando que podrían rebajar la calificación panameña en el año próximo a "negativa" de darse ese debilitamiento.

La perspectiva negativa refleja el riesgo de rebaja de la calificación debido a las posibles repercusiones que los recientes acontecimientos en Panamá, ligados a la actual controversia sobre el contrato con Minera Panamá, podrían tener sobre la confianza de los inversores, la inversión y el crecimiento económico, especificó el comunicado.

La entidad también dijo que podría revisar nuevamente la perspectiva para Panamá de vuelta a "estable" en el próximo año, si las autoridades "demuestran una gestión política y económica prudente que contenga el malestar social y reduzca la incertidumbre".

Pese a las hostilidades, la minera canadiense First Quantum Minerals dijo el viernes que no se ha interrumpido la producción en su mina panameña Cobre Panamá, mientras que el congreso aprobó el mismo día un proyecto de ley que declara una moratoria a la minería metálica por tiempo indefinido en todo el país, aunque no afectaría reciente controversial concesión.