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La reactivación de litigios en tribunales estadounidenses cambió el escenario y elevó el riesgo legal para empresas que operan o invierten en la isla
Las reclamaciones por propiedades expropiadas tras la revolución cubana vuelven a tomar fuerza en medio de la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de La Habana. Cerca de 6.000 personas y empresas estadounidenses mantienen procesos por bienes confiscados desde 1959, cuyo valor actualizado se acerca a US$9.000 millones.
El tema se ha convertido en un punto clave para cualquier intento de reactivar la economía de la isla o mejorar la relación entre ambos países. La ley estadounidense que reforzó el embargo en 1996 señala que resolver estas reclamaciones es un requisito para retomar los vínculos económicos y diplomáticos.
Un reportaje publicado por Bloomberg señala que el asunto ya llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos en dos casos recientes. Uno involucra a Exxon Mobil, que pide compensación por la expropiación de una refinería y más de 100 estaciones de servicio. El otro enfrenta a la empresa portuaria Havana Docks con varias navieras, entre ellas Royal Caribbean Cruises, por el uso del puerto de La Habana durante el período en que se flexibilizaron los viajes a la isla.
Las demandas se basan en el Título III de la ley Helms-Burton, activado durante el primer gobierno de Donald Trump. Esa norma permite que ciudadanos estadounidenses demanden a compañías que utilicen propiedades confiscadas por el Estado cubano.
El origen del conflicto se remonta a los primeros meses tras la llegada de Fidel Castro al poder. El nuevo gobierno impulsó un programa de nacionalizaciones que incluyó tierras, fábricas, acciones y otros activos de miles de empresas y ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, la Comisión de Arreglo de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos ha certificado 5.913 casos por un valor inicial de US$1.900 millones, que con intereses hoy supera los US$9.300 millones.
Uno de esos casos es el de Carolyn Chester, hija de un empresario estadounidense que perdió tierras, joyas familiares y participaciones empresariales tras la revolución. El organismo federal calculó el valor de las propiedades de su familia en US$489.000, una cifra que ha acumulado intereses durante décadas.
Durante años, las reclamaciones quedaron sin avances porque Cuba se negó a pagar compensaciones. Sin embargo, la activación de demandas en tribunales estadounidenses volvió a poner el tema en el centro del debate y aumentó el riesgo legal para empresas que operan o buscan invertir en la isla.
Analistas citados en el mismo informe señalan que resolver estas reclamaciones es clave para cualquier apertura económica. De lo contrario, nuevos inversionistas podrían enfrentar demandas por usar activos que todavía son reclamados por sus antiguos dueños.
El tema también se cruza con el escenario político. Trump ha dicho que el gobierno comunista cubano vive sus “últimos momentos”, mientras el secretario de Estado Marco Rubio mantiene contactos que podrían abrir conversaciones sobre el futuro de la isla.
Un eventual acercamiento con Estados Unidos podría generar ingresos adicionales, especialmente a través del turismo y el comercio, que servirían para financiar acuerdos de compensación. Aun así, después de más de seis décadas, miles de reclamantes siguen sin una respuesta definitiva sobre sus propiedades.
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