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El Gobierno justifica que es una medida necesaria subir la edad de pensión porque la expectativa de vida se está ampliando cada vez más
Durante más de un cuarto de siglo, no ha habido un presidente francés que no haya intentado arreglar el gigantesco sistema estatal de pensiones del país, y Emmanuel Macron no es una excepción.
El líder de 45 años, quien fue elegido para un segundo mandato de cinco años en 2022, busca borrar el déficit del sistema y dinamizar la economía elevando la edad mínima de 62 a 64 años para reclamar una pensión. Y, como sus predecesores, se enfrenta a los sindicatos decididos a frustrar los cambios mediante huelgas y protestas masivas.
¿Por qué Macron quiere cambiar el sistema de pensiones?
En términos de cómo funciona, el régimen público de pensiones de Francia no es único en Europa: los impuestos sobre los trabajadores y los empleadores pagan las pensiones de la población jubilada. El problema es que los franceses pasan menos tiempo trabajando y más años jubilados que la mayoría de sus pares europeos, lo que genera déficits de financiación que aumentan la deuda pública. Y el envejecimiento de la población está empeorando el problema.
Sin cambios, el déficit de las pensiones nacionales podría aumentar hasta 0,8% de la producción económica anual durante la próxima década, según el Consejo Asesor de Pensiones del país. Esa es una responsabilidad que el gobierno no puede permitirse en un país que ya tiene una de las cargas de deuda pública más altas de Europa.
¿Cuál es el plan del gobierno?
La edad mínima de jubilación de Francia de 62 años es una de las más bajas de Europa. En promedio, las mujeres francesas pasan 26,7 años jubiladas y los hombres 22,2 años, en comparación con 21,4 años y 18,4 años en Alemania.
Elevar la edad mínima a 64 años y aumentar el período mínimo de aportes para acceder a una pensión completa eliminará el déficit del sistema para 2030, según el gobierno. Eso aliviaría la presión sobre las finanzas públicas, lo que permitiría al gobierno invertir más en tecnologías digitales, financiar la transición a una economía baja en carbono e impulsar el empleo y el crecimiento. Elevar la edad mínima de jubilación también podría mejorar las bajas tasas de empleo entre los trabajadores mayores, como lo hicieron las revisiones anteriores de las pensiones. Políticamente, Macron tiene poco que perder ya que no puede postularse para un tercer mandato.
¿Por qué los sindicatos se oponen a los cambios?
Las organizaciones laborales dicen que ajustar los umbrales de edad afectará injustamente a los menos calificados y menos ricos que comenzaron a trabajar más temprano en la vida. Incluso uno de los sindicatos más moderados de Francia, la CFDT, se opuso al plan y se unió a organizaciones más radicales para organizar repetidas huelgas y protestas para acabar con las medidas. Los sindicatos dicen que hay mejores formas de impulsar el empleo entre los trabajadores mayores y reequilibrar el sistema, incluidos los aumentos de impuestos, que Macron ha descartado. El gobierno ofreció excepciones para que algunos trabajadores aún puedan jubilarse a los 62 años y se comprometió a aumentar la pensión mínima para los menos favorecidos. Eso no fue suficiente para apaciguar a los sindicatos.
¿Cómo podrían afectar las protestas a la economía?
La última vez que Macron impulsó una revisión radical de las pensiones en 2019, desencadenó algunas de las huelgas más largas de la historia de Francia. Las huelgas se sumaron a las protestas de los “Gilets Jaunes” (chalecos amarillos) contra su propuesta de aumentar los impuestos al combustible, que bloquearon carreteras y depósitos de combustible y provocaron algunos de los peores disturbios en Francia desde las protestas estudiantiles de mayo de 1968.
El contexto actual es difícilmente mejor, ya que las empresas y los hogares luchan contra la inflación más alta desde la década de 1980 y el crecimiento económico languidece casi a cero. Sin embargo, la experiencia pasada puede darle a Macron la confianza para mirar hacia abajo a los sindicatos. Los disturbios de 2019 hicieron poco para afectar el crecimiento y, en última instancia, fue el brote de coronavirus, no las protestas, lo que lo llevó a detener las reformas de pensiones.
¿Cómo es probable que termine esto?
La Asamblea Nacional comenzó a debatir la reforma en febrero. La aprobación del proyecto de ley en el parlamento debería haber sido sencilla, ya que el partido republicano conservador ha abogado durante mucho tiempo por aumentar la edad de jubilación y tiene suficientes escaños para compensar la mayoría que Macron perdió en las elecciones del año pasado. Pero su apoyo flaqueó en el último momento a pesar de una serie de concesiones, lo que llevó al gobierno a activar un controvertido artículo en la constitución que permite la aprobación de proyectos de ley sin una votación total.
El uso de esta solución alternativa legislativa provocó nuevas protestas sindicales, algunos enfrentamientos violentos con la policía y una moción de censura parlamentaria a la que el gobierno apenas sobrevivió. Macron aún puede optar por no firmar el proyecto de ley más adelante en el año, pero no ha dado indicios de que retrocederá.
¿Es esto solo un problema francés?
Difícilmente. Se espera que la población mundial de personas mayores de 60 años se duplique para 2050, según la Organización Mundial de la Salud, mientras que las tasas de fertilidad están en declive a largo plazo. La tensión financiera está desafiando los sistemas de apoyo a la vejez y dejando a muchos países enfrentando decisiones difíciles sobre aumentar la edad de jubilación, reducir los beneficios o aumentar los impuestos.
El déficit de pensiones será el equivalente a alrededor del 23% de la producción mundial para 2050, estimó la consultora del Grupo de los 30. Una medida clave es la tasa de dependencia de la vejez: el número de personas mayores en comparación con la población en edad de trabajar. En Europa y América del Norte, esa proporción será de alrededor del 50 por 100 para 2050, según las previsiones de la ONU, un aumento del 30 por 100 en 2019. En resumen, estamos en una trayectoria hacia una proporción más pequeña de personas que pagan impuestos y una proporción más alta que recibe pensiones. Para 2035, el sistema básico de EE.UU. conocido como Seguridad Social ya no podrá cubrir los pagos, lo que obligará a una reducción del 20% en los beneficios, según sus administradores.
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