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Sin embargo, se equivocan quienes consideran que Rousseff tendrá un segundo mandato fácil. La investigación de un escándalo de sobornos multimillonarios en la gigante estatal Petrobras no ha hecho más que comenzar. En ese clima tóxico, Rousseff no sólo tiene que convencer a los votantes (que la eligieron en octubre sobre la base de un mensaje de abundancia) de que acepten estrictas medidas de austeridad para reanimar la economía, sino que debe conseguir apoyo para reformas impopulares por parte de un congreso irritado sobre el que pesan acusaciones de corrupción.
El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, instó hoy a los líderes del Senado a salvar de la rebelión legislativa un proyecto de ley destinado a elevar la recaudación por impuesto a los ingresos. De no haber más recaudación o mayores recortes presupuestarios para reducir un déficit que no hace más que crecer, los bonos soberanos de Brasil podrían seguir el mismo camino que la calificación crediticia de Petrobras, que se bajó a la categoría de basura conforme se extendía el escándalo de corrupción. Levy, sin embargo, sólo tuvo un éxito a medias: el miércoles por la noche el Congreso acordó defender el veto de Rousseff a una nueva tabla impositiva que habría compensado a todos los asalariados por la inflación, que el año pasado alcanzó el 6,5 por ciento. Pero obligó a Levy a suavizar la presión impositiva en el caso de los salarios más bajos, una medida que costará otros US$1.900 millones a las arcas nacionales.
Responsabilidad dividida
En un primer momento, los seguidores de Dilma abrigaron la esperanza de que el escándalo de Petrobras pudiera diluir las tensiones políticas al dividir la responsabilidad del escándalo de Petrobras entre los 28 partidos políticos del país. Después de todo, los líderes de ambas cámaras del Congreso –y la mitad de la Comisión de Ética del parlamento– también están acusados de aprovecharse de Petrobras.
Pero en lugar de contrición, Rousseff recibió un golpe por respuesta, debido a que 47 de los nombres a los que ahora se investiga por utilizar fondos de la compañía petrolera estatal para campañas políticas son de aliados del gobierno. Tampoco Rousseff está por completo exenta de responsabilidad. Un ex ejecutivo de Petrobras dijo ayer al Congreso que se estima que entre US$150 millones y US$200 millones en sobornos petroleros terminaron en las arcas del Partido de los Trabajadores, lo que comprende la financiación de la campaña 2010 de Rousseff.
Todo eso aún debe quedar demostrado ante la Suprema Corte, y Rousseff ha implorado a los brasileños que tengan paciencia. Muchos, sin embargo, ya parecen haber tomado una decisión: el domingo se realizarán en 32 ciudades brasileñas marchas impulsadas por el descontento económico, en lo que resuenan las protestas anteriores de 2013.
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