Oro ilegal supera a la producción formal en Perú y movería al menos US$16.000 millones

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El principal actor de la industria aurífera de Perú ya no es Newmont Corp. ni Buenaventura. Son los miles de mineros ilegales que extraen oro en el mayor productor del metal de Sudamérica.

Las exportaciones de oro extraído ilegalmente en Perú aumentaron más de 19% en el primer semestre, impulsadas por los altos precios y requisitos poco estrictos que han favorecido la actividad minera en las zonas rurales pobres del país. En cambio, las exportaciones legales cayeron casi 6% ante la menor producción de minas más antiguas. Los envíos ilícitos superaron así a los legales hasta junio, y 2026 podría convertirse en el primer año en que terminen por encima, según un informe reciente del Instituto Peruano de Economía, IPE, un centro de estudios con sede en Lima.

“Los ilegales hoy son el minero más grande y poderoso del país”, señaló Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Snmpe. Los mineros ilegales no solo se están expandiendo hacia zonas donde la actividad está prohibida, como reservas naturales, señaló. “Cada vez más, están invadiendo minas formales y exportando ese oro como propio sin pagar ni un sol en impuestos”.

Al comparar la producción formal de oro reportada a las autoridades peruanas con los datos aduaneros de exportación, el IPE estimó que los envíos de oro de origen ilegal superaron en 8,7 toneladas a los legales hasta junio y representaron 54% del volumen total exportado por Perú. Las cifras podrían ser incluso mayores, señaló la economista del IPE Paola Herrera, ya que no incluyen el oro que sale de contrabando por las fronteras.

El IPE estima que las exportaciones ilegales de oro de Perú alcanzarán al menos US$16.000 millones este año, 39% más que en 2025 y casi nueve veces el valor de hace una década. En ese período, los precios del oro casi se han cuadruplicado.

Grandes compañías como Newmont, MMG Ltd. y Southern Copper Corp. han tenido que lidiar con mineros informales en sus concesiones en Perú. Las tensiones han sido particularmente intensas en las minas de Cía. Minera Poderosa S.A. en Pataz, donde decenas de personas han muerto en los últimos años en enfrentamientos por el oro.

Esto ha provocado disputas por los derechos mineros, que en algunos casos han retrasado proyectos y reducido los ingresos fiscales, al tiempo que amenazan con limitar los recursos disponibles para satisfacer la creciente demanda mundial y dañar la imagen del país andino como destino atractivo para la inversión.

Perú ya cedió a la República Democrática del Congo su posición como segundo mayor productor mundial de cobre y, en el índice más reciente de atractivo para la inversión del Instituto Fraser, el país cayó un puesto, al lugar 41 entre 68 jurisdicciones mineras. La última vez que una gran mina nueva comenzó a producir en Perú fue hace cuatro años.

Las autoridades peruanas enfrentan el desafío de cómo abordar el auge de la minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha dicho que el nuevo gobierno de la presidenta Keiko Fujimori planea dejar que un controvertido permiso conocido como Reinfo expire a fines de año, después de que sucesivas prórrogas lo mantuvieran vigente durante una década. El Reinfo fue diseñado para permitir temporalmente que los pequeños mineros siguieran trabajando mientras avanzaban hacia la formalización, pero sus críticos afirman que, en cambio, ha contribuido a la expansión de los mineros ilegales.

“Les hemos dado una carta blanca”, señaló Quijandría y agregó que el Reinfo ofrece pocos incentivos a los mineros para completar el proceso de formalización y, en cambio, les permite “trabajar ilegalmente sin que nadie los controle”.

El ministro Shinno quiere reemplazar el Reinfo por un proceso de formalización “mucho más sencillo”, dijo recientemente a medios locales, sin ofrecer más detalles. También dio a conocer sus planes para reducir la burocracia y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

La industria ha recibido favorablemente la iniciativa. Quijandría afirmó que la burocracia excesiva y un Estado de derecho débil han perjudicado la competitividad de un sector que representa más de 60% de las exportaciones de Perú.

“No es tan sencillo como simplemente decir mañana todos somos formales”, explicó Quijandría. “Aquí también va a haber que imponer todo el peso de la ley y la fuerza”, y eso implica involucrar tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, señaló.