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A pesar que reconoce algunos avances puntuales, el balance general es crítico y apunta a rezagos persistentes en la aplicación efectiva de la normativa vigente
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, lanzó una nueva alerta sobre el desempeño de Colombia en la lucha contra el soborno transnacional y pidió actuar con urgencia para corregir fallas estructurales que para el organismo siguen debilitando la capacidad del país para prevenir, detectar y sancionar este delito.
Esta recomendación se da en el más reciente Informe de Fase 4 del Grupo de Trabajo sobre Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales, en el cual, la Ocde advierte un “desvinculamiento progresivo del país frente a las obligaciones contraídas” en el marco de la Convención Antisoborno.
A pesar que reconoce algunos avances puntuales, el balance general es crítico y apunta a rezagos persistentes en la aplicación efectiva de la normativa vigente.
Dentro de los puntos más sensibles es que si bien Colombia ha impuesto por segunda vez una sanción administrativa a una persona jurídica por soborno internacional, nunca ha intentado procesar penalmente a una persona natural por este tipo de conductas.
Adicionalmente, a esto se le suman bajos niveles de detección, una débil coordinación entre entidades y un uso limitado de los mecanismos de asistencia judicial internacional, factores que, en conjunto, reducen la efectividad de las investigaciones.
La Ocde también alerta sobre riesgos para la independencia de los procesos judiciales y subraya una falencia histórica: la ausencia de un sistema integral de protección a denunciantes, considerado clave para destapar casos de corrupción en operaciones comerciales internacionales.
Las recomendaciones por parte de la Ocde
Bajo este contexto, la Ocde formuló varias recomendaciones prioritarias, entre ellas se encuentra reforzar la coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, garantizar la apertura de investigaciones cuando existan solicitudes de cooperación internacional, compartir de manera proactiva información relevante entre agencias, asegurar la independencia de fiscales e investigadores e implementar con carácter urgente un marco robusto de protección a denunciantes.
“Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para las investigaciones y procesos penales contra personas naturales, mientras que la Superintendencia de Sociedades es la entidad administrativa encargada de investigar y sancionar a las personas jurídicas en casos de soborno transnacional, las capacitaciones deben orientar claramente a los funcionarios sobre los canales de reporte correspondientes", aseguró la entidad.
Colombia deberá presentar en diciembre de 2026 un plan de acción con medidas concretas para atender las recomendaciones prioritarias y, un año después, en diciembre de 2027, rendir cuentas ante la Ocde sobre su implementación.
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