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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua
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La legislación, aunque no puede frenar el impacto de las sanciones fuera del país, pretende anular su alcance dentro de Nicaragua obligando a los bancos locales
El Parlamento de Nicaragua aprobó el lunes una ley que anula las sanciones extranjeras emitidas contra la vicepresidenta y esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, varios de sus hijos y unos 50 funcionarios de alto nivel del Estado.
La legislación, aunque no puede frenar el impacto de las sanciones fuera del país, pretende anular su alcance dentro de Nicaragua obligando a los bancos locales y otras instituciones a ignorarlas. Se espera que sea publicada en la gaceta oficial en los próximos días, con lo que entraría en vigor.
La llamada "Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas", que amenaza con multas y cierre a las entidades que las apliquen en el país e incluso con cárcel a quienes las acaten, fue aprobada por unanimidad por los 91 diputados, todos del gobernante Frente Sandinista y aliados, después de que Ortega enviara el proyecto al Parlamento la semana pasada.
Analistas críticos del Gobierno sandinista han advertido que la ley complicará la situación del sistema financiero nicaragüense, ya que los bancos tendrían que desacatar las sanciones internacionales y reactivar las cuentas bancarias y transacciones financieras de los afectados.
"Les han puesto una pistola en la cabeza a los banqueros: si cumplen, se arriesgan a caer bajo la órbita de las sanciones o que se cancelen líneas de crédito bancarias o corresponsalías", dijo a Reuters el economista nicaragüense Enrique Sáenz, exiliado actualmente en Costa Rica.
"Si no cumplen, se arriesgan a sanciones por parte de la dictadura bicéfala y caer en una espiral de consecuencias impredecibles", añadió Sáenz, un exdiputado opositor.
A finales de octubre, S&P elevó la nota soberana de Nicaragua a "B+" desde "B" con perspectiva estable,citando el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica y su expectativa de "resultados fiscales equilibrados", tendencia a la baja en los niveles de deuda y un sector financiero resistente.
Sin embargo, advirtió que podría bajar las calificaciones del país centroamericano en los próximos seis a 18 meses si el desempeño económico de Nicaragua se viera socavado por una menor demanda de sus socios comerciales, choques externos o tensiones políticas inesperadas.
La ley advierte que ninguna entidad o persona podrá suspender la provisión de bienes y servicios a individuos o empresas si el motivo de esta penalización son sanciones internacionales.
Quienes incumplan la nueva normativa enfrentarán multas y la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones, además de "las responsabilidades penales que correspondan por el delito de traición a la patria", penado con la cárcel.
Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Canadá han sancionado a unos 50 funcionarios del Estado, incluyendo a Murillo, jefes de la Policía y del Ejército, señalados por cometer graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas de abril de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según organismos humanitarios.
También han sido sancionados varios hijos de Murillo y Ortega y una veintena de empresas vinculadas al gobierno nicaragüense.
Poco después de aprobarse la ley, se dio a conocer que Ortega, un exguerrillero marxista quien está en su cuarto mandato consecutivo en el poder, envió al Parlamento otra reforma para extender a seis años los periodos en el cargo de los jefes del Ejército y la Policía. Se espera que sea aprobada sin oposición en los próximos días.
La ley avalada el lunes y la reforma sobre la extensión de los periodos de los puestos de fuerzas de seguridad llegan después ser aprobada la semana pasada una reforma constitucional que somete los poderes del Estado al Ejecutivo, aumenta el control sobre los medios, amplía el periodo presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta, entre otras polémicas medidas.
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