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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela
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La medida se esperaba desde diciembre, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela votó, un mes antes de que las fuerzas de Estados Unidos destituyeran al expresidente Nicolás Maduro
Una misión de investigación de las Naciones Unidas pidió el lunes a Venezuela reconsiderar su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional, CPI, indicando que tal paso refuerza la impunidad ante violaciones de los derechos humanos.
Venezuela notificó a las Naciones Unidas su decisión "firme e irrevocable" de retirarse del CPI por considerar que la actuación de la Corte "responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su trabajo de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", anunció el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia.
La medida se esperaba desde diciembre, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela votó, un mes antes de que las fuerzas de Estados Unidos destituyeran al expresidente Nicolás Maduro, un favor de derogar la ley que ratificaba el Estatuto de Roma, allanando el camino para la retirada.
La decisión "suscita serias preocupaciones sobre el compromiso del Gobierno con la rendición de cuentas y sólo sirve para reforzar la impunidad", dijo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
El anuncio, además, "llega en un momento crítico para el país, cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de las y los venezolanos a la justicia, la verdad y un adecuado esclarecimiento de los hechos del pasado", agregó la misión en un comunicado.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la misión en 2019 y desde entonces ha publicado varios informes sobre el "estado represivo" de Venezuela, el que sigue plenamente operativo tras la destitución de Maduro, de acuerdo con el grupo investigador.
La CPI, creada para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión cuando los Estados miembros no están dispuestos o no pueden hacerlo por sí mismos, ha estado investigando desde el 2020 presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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