Migrantes venezolanos ya no tienen protecciones por nueva medida ilegal de Trump

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que el gobierno de Donald Trump probablemente había actuado ilegalmente cuando revocó las protecciones temporales contra la deportación concedidas a 600.000 venezolanos que vivían en Estados Unidos, durante el mandato de Joe Biden.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la sentencia de un juez que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, probablemente carecía de autoridad para cancelar una decisión de la era Biden de prorrogar el Estatus de Protección Temporal, TPS, para los venezolanos que cumplieran los requisitos.

La decisión del juez de distrito Edward Chen fue suspendida en mayo por la Corte Suprema, despejando el camino para que el gobierno federal pusiera fin a la protección temporal de unos 348.000 de los venezolanos en cuestión. El estatus de los demás venezolanos expiraría el 10 de septiembre.

Es probable que el Gobierno interponga un nuevo recurso. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que el fallo "retrasa la justicia y socava la integridad de nuestro sistema de inmigración".

El TPS está disponible para las personas cuyo país de origen ha sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro acontecimiento extraordinario. Proporciona a los inmigrantes que cumplen los requisitos autorización de trabajo y protección temporal frente a la deportación.

La decisión del 9º Circuito se produjo en una demanda presentada por varios venezolanos que viven en Estados Unidos y la Alianza Nacional de TPS, un grupo de defensa. Desafiaron el dictamen de Noem del 3 de febrero de anular una decisión que el Departamento de Seguridad Nacional había tomado en los últimos días del Gobierno de Biden para extender el programa hasta octubre de 2026, que ella dijo que estaba justificada sobre la base de "mejoras notables" en las condiciones en Venezuela.

La jueza del Circuito Kim McLane Wardlaw dijo que la acción de Noem era incompatible con el estatuto que rige el TPS, que el Congreso pretendía que fuera "predecible, confiable y aislado de la política electoral". "El estatuto del TPS está diseñado para limitar al Ejecutivo, creando períodos predecibles de seguridad y estatus legal para los beneficiarios del TPS", escribió Wardlaw.